La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la aprobación en la Cámara de Diputados de modificaciones que permitirán a los magistrados del TEPJF participar en una nueva elección en 2028. Ante la polémica y sus previas iniciativas contra la reelección, la mandataria delegó la decisión final a la ciudadanía.
La redefinición legislativa del futuro electoral
Este jueves, 28 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum se enfrentó a preguntas en torno a las modificaciones aprobadas a la medianoche por la Cámara de Diputados. Estas reformas posibilitan a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la oportunidad de competir en una nueva elección programada para el año 2028.
Durante la deliberación de reservas vinculadas a la iniciativa de reforma judicial en San Lázaro, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna introdujo una modificación de manera sorpresiva. Esta enmienda clave permitiría a los magistrados electorales que actualmente ocupan sus cargos, postularse para un nuevo periodo, lo que potencialmente extendería su permanencia en el puesto hasta el año 2034. La naturaleza inesperada de esta propuesta marcó un punto de inflexión en el debate parlamentario.
Fisuras políticas y el antecedente presidencial
La reserva presentada por el diputado Gutiérrez Luna encontró un fuerte rechazo por parte de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano. Ambas formaciones políticas denunciaron enérgicamente que la propuesta nunca había sido objeto de discusión en las comisiones legislativas pertinentes, vulnerando así los procedimientos parlamentarios establecidos para este tipo de iniciativas.
La controversia escaló al incluir la oposición de Alfonso Ramírez Cuéllar, también diputado morenista. Ramírez Cuéllar trajo a colación un hecho significativo: en marzo de 2025, el propio Congreso había debatido una iniciativa impulsada por la entonces presidenta de la República. Dicha propuesta buscaba cancelar «de una vez por todas» la reelección de legisladores, tanto hombres como mujeres, así como de alcaldes y presidentes municipales, sentando un precedente directo que contrastaba con la modificación actual.
La postura de la presidenta: entre la autonomía y la decisión ciudadana
En la conferencia matutina, la mandataria federal fue interrogada sobre su acuerdo con la modificación aprobada en San Lázaro, y se le recordó explícitamente que ella misma había enviado iniciativas en el pasado en contra de la reelección de cargos públicos.
Sheinbaum respondió que su entendimiento es que la medida fue una «decisión del Congreso». Aclaró que lo planteado no implica una permanencia automática de 17 años para los magistrados, sino la posibilidad de «participar nuevamente en la elección». Insistió: «O sea, que se les permita participar en la elección, no es que se vayan a elegir directamente. Fue una decisión que tomó el Congreso y pues ya que…».
Ante la reiterada pregunta sobre si estaba de acuerdo con la medida, la presidenta mantuvo su postura, declarando: «Pues fue una decisión que toma el Congreso. No quisiera yo opinar al respecto». Sin embargo, enfatizó la importancia de que la ciudadanía comprenda que no se trata de una prolongación directa de 17 años, sino de una oportunidad para los actuales magistrados de competir en una subsiguiente elección. Concluyó categóricamente: «Y la gente ya tomará la decisión si los eligen o no».
Cuando se le presionó sobre la posible deslealtad de una contienda donde los magistrados aprovecharían su cargo para promocionarse, la mandataria expuso que «tendrá que regularse bajo qué condiciones tendrían que hacerlo», sugiriendo la necesidad de un marco normativo para asegurar la equidad en tal escenario.
