La ola de violencia en la Montaña de Guerrero ha cobrado la vida de Cristal Avilés Sierra, prima de Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa y asesor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), junto a su esposo Emilio Pacheco. La pareja fue atacada a tiros en Zapotitlán Tablas, Guerrero, intensificando la grave situación de inseguridad en la región.
Doble crimen irrumpe en la sierra de Guerrero
El municipio de Zapotitlán Tablas, en la región montañosa de Guerrero, fue escenario de un violento doble asesinato. Este suceso impactó directamente a la familia de Vidulfo Rosales Sierra, reconocido por su participación en el caso Ayotzinapa y su rol como asesor de la SCJN. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5 de la tarde de un martes, el 26 de mayo de 2026, en la carretera interestatal que conecta Zapotitlán Tablas con Tres Lagunas.
Hombres armados interceptaron y atacaron con rifles de asalto una camioneta de redilas marca Nissan. El vehículo, según informaron las autoridades, presentaba múltiples impactos de bala en el motor y el parabrisas, evidencia de la brutalidad del ataque.
El perfil de las víctimas y su conexión familiar
Las víctimas de este atentado fueron identificadas como Cristal Avilés Sierra, de 20 años de edad, y su esposo, Emilio Pacheco, de 23 años. Cristal Avilés Sierra era prima hermana de Vidulfo Rosales Sierra. El abogado, a través de su cuenta de Facebook, confirmó a las 7:30 de la noche que sus familiares regresaban de Alpoyeca, donde habían acudido a comprar mangos. Su intención era vender la fruta en Huitzapula, una localidad del municipio de Atlixtac, donde residían.
Cristal Avilés Sierra y Emilio Pacheco se habían casado recientemente y compartían su vida en Huitzapula. El trágico desenlace truncó sus planes, reflejando una faceta devastadora de la inseguridad regional.
Reacciones y el llamado a la justicia desde la sociedad civil
Vidulfo Rosales Sierra expresó su profundo dolor y consternación por el fallecimiento de su prima. En sus declaraciones, lamentó el brutal acto: «Qué delito cometiste para que cegaran tu vida? Solo querías vivir, luchar, buscar la vida, lícita y honestamente, pues, por eso fuiste a comprar tus mangos». El abogado también reflexionó sobre la cruda realidad de la violencia: «Qué tragedia y pesadilla estamos viviendo. Mañana seguramente serás una cifra más de la violencia irracional que se vive en esa zona. Mientras los primos y mi Tía sufrirán un dolor terrible por tu ausencia».
Ante esta situación, Vidulfo Rosales exigió de manera inmediata una investigación exhaustiva por parte de las autoridades. Su demanda busca el esclarecimiento de este doble crimen y la identificación de los responsables para garantizar que se haga justicia.
El trasfondo de una región asolada por la inseguridad
La zona de Huitzapula, donde radicaban las víctimas, padece una profunda crisis de inseguridad. Esta realidad se manifiesta en:
- Decenas de muertos
- Múltiples desaparecidos
- Un significativo número de desplazados por la violencia criminal
Habitantes de la comunidad han denunciado que los ataques recientes contra la población son perpetrados por civiles armados. Estos grupos se presentan como policías comunitarios vinculados a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Juan Escalerillas, en el municipio de Zapotitlán Tablas. Sin embargo, es crucial señalar que este grupo específico de la CRAC no cuenta con el reconocimiento oficial de las cinco Casas de Justicia de la CRAC que operan en las regiones Costa Chica y Montaña de Guerrero, lo que subraya una fragmentación y disputa interna sobre la legitimidad de sus acciones.
La huella de la familia Rosales en la defensa de derechos humanos
La familia Rosales Sierra posee una notable trayectoria en el ámbito social y de derechos humanos. Los hermanos de Vidulfo Rosales ocupan posiciones clave en diversas organizaciones:
- Teodomira Rosales: Directora del Centro de Derechos Humanos José María Morelos.
- Martín Rosales: Coordinador de la Casa de Justicia de Espino Blanco, ubicada en el municipio de Malinaltepec, adscrita a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).
- Isael Rosales: Integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Este contexto resalta cómo la violencia en Guerrero no solo afecta a individuos, sino que también amenaza a familias con un profundo compromiso social y una larga historia en la defensa de los derechos humanos en una de las regiones más vulnerables del país.
