Un reportaje de The New York Times documenta la presunta instrumentalización del estado de Sinaloa por el Cártel de Sinaloa, revelando vínculos con autoridades y operaciones de protección. Fiscales de Nueva York acusan a funcionarios, incluido el gobernador con licencia, por una presunta alianza criminal que desestabilizó la gobernanza regional.
La acusación de Nueva York que expone una estructura paralela
Una investigación detallada, publicada por The New York Times, ha puesto de manifiesto presuntos vínculos directos entre operativos del Cártel de Sinaloa y diversas autoridades mexicanas, abarcando desde elementos policiales y funcionarios públicos hasta integrantes militares. Este hallazgo se fundamenta en entrevistas exhaustivas con cuatro operativos de la organización criminal, testimonios recabados de exfuncionarios clave y una revisión meticulosa de expedientes judiciales. El influyente rotativo estadunidense, que presentó el texto originalmente en su portal web el viernes bajo el título “Cómo un cártel del narcotráfico convirtió al estado de Sinaloa en su herramienta” y con la firma de Paulina Villegas, replicó la publicación en su edición impresa el domingo 17 de mayo de 2026.
La revelación de esta investigación se produce en un contexto de alta tensión, inmediatamente después de que fiscales del Distrito Sur de Nueva York formalizaran una acusación penal contra Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios. Estos individuos son señalados de haber mantenido una alianza estratégica y prolongada con el Cártel de Sinaloa, facilitando su operación a cambio de sobornos y apoyo político durante periodos críticos.
Cómo el flujo de datos salvó el tiempo de mi equipo: la injerencia electoral de 2021
El diario detalló cómo esta presunta alianza se materializó en acciones concretas que buscaron alterar el proceso democrático. La acusación formal, según The New York Times, argumenta que la facción de Los Chapitos, directamente controlada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, habría ejecutado una intervención sistemática en la elección para la gubernatura de Sinaloa en 2021. Esta injerencia habría utilizado tácticas coercitivas, incluyendo el robo masivo de boletas electorales, la intimidación explícita de votantes y operadores, y el secuestro de candidatos opositores. El objetivo central era asegurar el triunfo de Rocha Moya.
Fiscales estadunidenses, según el reportaje, señalaron que una vez Rocha Moya asumió el cargo, el mandatario estatal supuestamente permitió que el grupo criminal operara con una protección institucionalizada, blindado desde las estructuras estatales y municipales. La publicación también indicó que las autoridades electorales validaron el resultado de la elección, a pesar de que se habían presentado más de 200 denuncias que documentaban actos de intimidación armada, robo de boletas y secuestro de candidatos a lo largo del proceso electoral. Este hecho subraya la aparente capacidad del cártel para manipular el sistema incluso frente a la evidencia de irregularidades.
Pasos para conectar tu primer nodo sin errores: operativos revelan la mecánica de protección
La mecánica de esta supuesta infiltración se hizo evidente a través de los testimonios directos de los operativos del cártel. Tres de los cuatro entrevistados por The New York Times declararon pertenecer a la facción de Los Chapitos, mientras que el cuarto afirmó tener vínculos con Los Mayos. Todos los testimonios fueron otorgados bajo la estricta condición de anonimato, por temor a posibles represalias. El Times validó parte de estas declaraciones mediante entrevistas adicionales con expertos en seguridad, exfuncionarios gubernamentales y la revisión de antecedentes judiciales que documentan patrones de corrupción y narcotráfico en México.
Los testimonios recogidos por el diario describen un patrón de colaboración activa:
- Detenciones selectivas: Policías estatales y municipales presuntamente realizaban detenciones dirigidas únicamente a rivales del grupo criminal, neutralizando amenazas a la operación del Cártel de Sinaloa.
- Alertas sobre operativos: Los oficiales compartían información crítica sobre operativos militares inminentes, permitiendo a los miembros del cártel evadir la captura.
- Información de seguridad: Se intercambiaba información detallada sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad, proporcionando al cártel una ventaja táctica invaluable.
- Uno de los entrevistados aseguró que integrantes del cártel participaban directamente en operativos de seguridad, vistiendo uniformes policiales.
Otro operativo, identificado como un hombre de 28 años que afirmó haber trabajado para el cártel desde los 13 años, reveló un esquema de colaboración en retenes militares. Sostuvo que algunos integrantes del Ejército permitían el paso de miembros de la organización a través de puestos de control mediante el uso de «palabras clave» específicas. El entrevistado relató que expresiones como «verde, R8, delta» eran códigos de identificación que permitían a los integrantes del grupo criminal evitar revisiones exhaustivas y transitar libremente.
El reportaje también documentó presuntos esquemas sistemáticos de sobornos dirigidos a mandos policiales y funcionarios estatales de alto nivel. Dos de los operativos afirmaron haber participado activamente, acompañando entregas de dinero a estas autoridades. Un testimonio adicional describió una compleja red de comunicación, establecida entre miembros del cártel y policías, con el propósito de compartir información en tiempo real sobre la ubicación de retenes, los movimientos de grupos rivales y las zonas que debían ser evitadas para garantizar la impunidad de sus operaciones.
La respuesta política y el trasfondo histórico de la colusión
Frente a estas graves acusaciones, Rocha Moya negó categóricamente los señalamientos, calificándolos como “falsas y sin fundamento”. Según el diario, el gobernador también argumentó que este caso representa un intento del gobierno de Donald Trump por intervenir políticamente contra la coalición liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Por su parte, el reportaje señaló que Sheinbaum rechazó las solicitudes de Estados Unidos para detener al gobernador con licencia, pidiendo en su lugar que el caso fuera investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) en México.
La publicación del Times retomó, además, antecedentes judiciales que ilustran la recurrente problemática de corrupción y narcotráfico en México. Entre los casos recordados se encuentran:
- La condena contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal.
- La sentencia contra Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit.
- El caso del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.
El diario también hizo referencia a investigaciones previas sobre el caso Ayotzinapa, en las que documentó presuntos vínculos entre autoridades locales y grupos criminales en Guerrero, evidenciando un patrón de infiltración más amplio.
Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), confirmó al periódico que, históricamente, grupos criminales han logrado infiltrar corporaciones policiacas completas, utilizando una combinación de sobornos y amenazas. Gina Parlovecchio, exfiscala federal de Nueva York y quien encabezó casos contra líderes de cárteles, incluido Joaquín Guzmán Loera, sostuvo que la corrupción de funcionarios públicos es una de las principales herramientas que facilitan la operación de las organizaciones criminales, al otorgarles impunidad y capacidad de maniobra.
La gravedad de la situación fue resumida por uno de los operativos entrevistados, quien, al referirse a la acusación presentada en Estados Unidos, expresó con resignación: “Esto puede acabar con nosotros”. Otro de los entrevistados enfatizó que la relación simbiótica entre estructuras criminales y autoridades en México antecede al actual gobierno federal, señalando una debilidad estructural del Estado. «Cuando hay un poder fuera del Estado, de los canales oficiales, más fuerte que el Estado mismo», reflexionó ante el periódico, «es imposible que existan, no pueden llegar sin nosotros», aludiendo a la dependencia mutua que se genera en estos escenarios de infiltración.
