A pesar de las masivas remesas que sostienen su economía, México reduce el presupuesto de protección consular, debilitando la defensa de los derechos fundamentales de sus ciudadanos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.
La obligación estatal de proteger a los ciudadanos en el exterior
La defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos que residen fuera del país constituye una obligación ineludible del Estado mexicano. Esta responsabilidad se fundamenta en el marco jurídico nacional, específicamente en los Artículos 1 y 89 de la Constitución Política, así como en la Ley del Servicio Exterior. Además, se refuerza por normativas internacionales, como la Convención de Viena sobre Derechos Consulares. La trayectoria de los consulados mexicanos en Estados Unidos, la región con la mayor concentración de recursos institucionales y los desafíos más complejos de protección, ofrece ejemplos significativos de esta función gubernamental crucial.
Deterioro presupuestal erosiona el respaldo consular
Durante los últimos años, los recursos presupuestales asignados a la protección consular han demostrado ser insuficientes para enfrentar un desafío que se intensifica, particularmente en Estados Unidos, donde reside la mayoría de los mexicanos en el extranjero. A esta insuficiencia presupuestaria se suma la aparición de casos de negligencia en la calidad profesional por parte de los responsables de las funciones consulares. En la última década, el financiamiento gubernamental mexicano destinado a las labores de protección en el exterior ha experimentado una disminución en términos reales e incluso nominales en ciertos periodos. Esta reducción contrasta paradójicamente con un discurso oficial que ha enaltecido a los migrantes como figuras heroicas, planteando la cuestión de si este reconocimiento se materializa en acciones gubernamentales congruentes. Aunque existen iniciativas positivas, sobre todo desde los consulados, el presupuesto asignado para la protección palidece ante la magnitud de la realidad y las promesas de reconocimiento.
El inmenso valor de las remesas para la economía nacional
Nuestros compatriotas en el extranjero han enviado, durante los últimos años, volúmenes ingentes de dinero. Estos fondos son cruciales para el sostenimiento de sus familias y comunidades de origen, además de ser decisivos para la macroeconomía y la balanza de pagos del país. Sin la inyección de remesas, México enfrentaría una escalada inmanejable de pobreza y tensiones sociales; el equilibrio financiero externo también estaría en riesgo. Esta situación subraya la extraordinaria trascendencia de la generosidad de la población mexicana residente en el exterior.
Entre los años 2016 y 2025, el monto acumulado de remesas transferidas a México ascendió a la cifra de 473,210 millones de dólares. Según datos oficiales, este total representa una suma 16 veces superior al presupuesto asignado a la Secretaría de Bienestar para el año 2025, que fue de 30,202 millones de dólares. Para contextualizar la magnitud de estas contribuciones, con dicho volumen de remesas se habrían podido financiar la construcción de 78 aeropuertos Felipe Ángeles, calculando un costo de 6.04 millones de dólares por cada uno, o cubrir 27 veces el presupuesto del Tren Maya, que asciende a 17,233 millones de dólares.
Desequilibrio fiscal: Remesas millonarias contra gasto consular mínimo
Frente a la inmensidad de los recursos que fluyen «de allá para acá» (hacia México), surge la pregunta sobre la correspondencia presupuestal del gobierno mexicano «de aquí para allá» (hacia la protección de sus ciudadanos en el extranjero). Una métrica precisa para evaluar la atención gubernamental son los fondos ejecutados por la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica (DGPCPE) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que concentra una parte sustancial del gasto público destinado a los mexicanos en el exterior. Dado el amplio y diverso espectro de necesidades de atención, se esperaría que los recursos disponibles fueran de una considerable magnitud.
La Cuenta Pública, con datos comprendidos entre 2016 y 2025, revela la evolución del gasto de la DGPCPE. Un hallazgo principal es que en 2025, el gasto fue un 17 por ciento inferior, en términos reales, al de 2016. Esto significa que en un periodo de mayor vulnerabilidad para los mexicanos en el exterior, la financiación destinada a su asistencia disminuyó en comparación con una década atrás.
La brecha creciente entre la generosidad migrante y el apoyo estatal
Al comparar el volumen de remesas con el gasto de la DGPCPE, la disparidad es notable. En 2016, por cada peso gastado por la DGPCPE, los mexicanos en el extranjero enviaron 1,365 pesos, lo que evidencia una amplia diferencia. Para 2025, esta disparidad se amplificó en lugar de reducirse, contrario a lo que se esperaría de una administración enfocada en principios humanistas: la relación escaló a 2,444 pesos en remesas por cada peso erogado por la DGPCPE. Es evidente que la generosidad de los migrantes creció de manera exponencial en este periodo, mientras que el soporte financiero gubernamental no solo no lo hizo de forma equivalente, sino que retrocedió.
El único año en el que se observó una reducción en la desproporcionada relación entre remesas y gasto de la DGPCPE fue 2017. Esta mejora puntual fue atribuida a una asignación presupuestal extraordinaria, motivada por el inicio del primer gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Sin embargo, la situación se deterioró radicalmente en 2018, cuando se aplicó un grave recorte al gasto destinado a la protección consular. Esto sugiere que, metafóricamente, existía aprecio por los mexicanos en el extranjero, pero este sentimiento no se tradujo en un respaldo presupuestal gubernamental adecuado.
Hacia un incremento urgente del gasto consular
Si bien no es factible que el gasto de la DGPCPE se equipare al monto de las remesas, incluso como propuesta utópica, es razonable que la desproporción actual, que es extrema, pueda reducirse y acercarse o incluso superar los niveles observados en 2016 y 2017. En la coyuntura actual, con el objetivo primordial de proteger los derechos de los mexicanos en el extranjero, esta necesidad es más apremiante que nunca.
Por lo tanto, es imperativo aumentar el gasto y perfeccionar la calidad de su aplicación hacia objetivos de valor estratégico. Esto es fundamental para mitigar los costos generados por la oleada antiinmigrante en Estados Unidos. Para lograr que la mencionada desproporción se reduzca a una relación de 1,500 a 1, el gasto ejercido por la DGPCPE debería alcanzar los 621 millones de pesos en 2026, complementado, si es posible, con apoyos adicionales. Esta cifra representa el piso mínimo de recursos requerido. Es relevante señalar que este monto es alcanzable para la SRE, considerando que los propios consulados generan recursos financieros superiores que podrían ser redistribuidos en mayor proporción para atender las urgentes necesidades de nuestros compatriotas. Actuar de esta manera sería lo correcto, lo solidario y lo obligatorio.
Todo lo anterior se enmarca en la suposición de que la recientemente anunciada «revisión» de los consulados por parte del gobierno de Trump, aún sin argumentos detallados, no derive en un cambio de escenario que obligue a redefinir la relación bilateral tradicional en esta materia. En tal caso, la problemática trascendería la mera cuestión presupuestal para afectar las funciones y la existencia misma de las representaciones consulares. Los actuales vientos que agitan la comunicación entre Washington y la Ciudad de México son de una intensidad sin precedentes cercanos.
