Por Martín G. Iglesias
El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) ‘duerme el sueño de los justos’, mientras tanto, la mayoría de los suspirantes a una candidatura en las elecciones del 2027 aprovechan las lagunas legales y el letargo de los Consejeros, para promover su imagen por todos los medios, son respeto a las leyes electorales.
Pero el problema va más allá, en Quintana Roo hay un involucramiento de funcionarios públicos del Gobierno Estatal, de los municipales, del Congreso del Estado y del Poder Judicial del Estado, para promover candidatos(as); como dice el argot político “la cargada” inclina la balanza hacia quienes el sistema quiere que ocupen lugares en candidaturas.
Como nunca antes, funcionarios públicos y partidos políticos hacen lo que quieren con las leyes electorales; los aspirantes no tienen pudor, no hay honor ni moral en el desempeño de sus funciones; promueven su imagen por todos los medios, no solo por redes sociales, sino bajo el argumento de celebrar “cumpleaños”, o “asambleas informativas”, pinta de bardas y, el colmo, medios de comunicación se prestan para montar bien la farsa.
Estos políticos(as) no son capaces de respetar Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo; ¿cómo cree que respetarán las leyes y reglamentos si llegan al cargo que tanto pretenden? Es una total incongruencia.
Por si no lo saben, varios funcionarios(as) públicos ya son sujetos de delitos electorales. Para comprender mejor el estado en el que se encuentran, estos son los seis delitos electorales en los que puede incurrir: Coaccionar o amenazar a subordinados para asistir a mítines y otros eventos de proselitismo, o para que voten por uno u otro por un candidato, partido político o coalición; así que, si usted lector(a) ha visto fotografías donde presidentes municipales, secretarios de estados, diputados locales, o servidores públicos del municipio, salen con tal o cual aspirante, esas acciones pueden encuadrar muy bien en este delito.
El segundo supuesto de delito electoral, es condicionar la prestación de un servicio o aplicación de un programa gubernamental con fines políticos. Así que, si por alguna razón los que ahora gobiernan le niegan un servicio, un programa o un espacio, usted lector tiene derecho a presentar una denuncia, (falta que le hagan caso).
El tercer delito en el que un funcionario(a) público puede caer, es destinar, utilizar o permitir la utilización de recursos públicos con fines políticos. No sea mal pensado, los programas de beneficio para adultos mayores, madres solteras, discapacitados, jóvenes construyendo el futuro y todos los demás, no son utilizados con fines electoreros, lo que pasa es que estos gobiernos quieren tener su propio padrón electoral, eso no quiere decir que condicionen el apoyo.
Una cuarta razón para denunciar delitos electorales, es apoyar a partidos políticos en horario laboral. Hoy ya no disfrazan de “comisiones” la asignación de un funcionario a una precampaña, no les interesa que su trabajo se quede votado, ellas y ellos asisten a eventos aun estando en funciones, cobrando su quincena y yendo a trabajar cuando quieran.
El quinto supuesto de delito electoral, es cuando los secretarios, los directores y los jefes de departamento, solicitan a sus subordinados aportaciones de dinero o en especie para apoyar a precandidato, candidatos políticos, coalición o agrupación política; o, los obligan a pagar sendas campañas de promoción en redes sociales.
Un sexto delito, es cuando el partido político se abstiene de entregar sin causa justificada, información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con fines de fiscalización. Porque a todas luces, hay “carretadas” de dinero para promover la imagen al hacer fiestas, celebraciones, cumpleaños, asambleas y reuniones de índole político, que requieren la movilización (acarreo) de los simpatizantes.
¿Pruebas? Están a la vista de todos en las redes sociales, en los perfiles de Facebook, Instagram, “X”, YouTube, TikTok y medios de comunicación; pero como dice el Soberano, “no hay peor ciego, que el que no quiere ver”. ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, continúan los señalamientos públicos sobre la corrupción que existe al interior del Poder Judicial de Quintana Roo.
Empresarios acusan que existe una “red de despojo”, donde la “maquinaria institucional” opera a través de juicios amañados en Juntas de Conciliación y Registro Público para el despojo de propiedades; casos que llegan al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pero sin que se haga justicia a las víctimas.
Otro asunto son las irregularidades en Licitaciones en los tres niveles de gobierno, se han señalado compras irregulares y uso de empresas fachada en el gobierno estatal, con esquemas de arrendamiento sospechosos.
El colmo es la corrupción Judicial, con corte al mes pasado, se ha reportado la baja de cerca de 10 juzgadores por actos de corrupción en el Poder Judicial, tanto en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal.
No cabe duda que los ciudadanos están desamparados ante la maquinaria institucional que protege a los potentados, como dice el dicho, “se tapan con la misma sábana”. Al tiempo…
