La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió solicitudes formales de detención con fines de extradición enviadas por la administración de Donald Trump, apenas 24 horas antes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una imputación formal que vincula al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve colaboradores con el Cartel de Sinaloa.
Notificación anticipada de un quiebre binacional
El gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, tuvo conocimiento de las peticiones estadounidenses el 28 de abril a las 18:00 horas. Este movimiento diplomático precedió a la revelación de un acta de imputación en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, lo que anticipaba una ruptura profunda en la relación bilateral y una sacudida en la política interior mexicana.
Pese a la gravedad de los cargos, la Cancillería, ahora bajo la dirección de Roberto Velasco Álvarez, ha señalado que los documentos entregados por Washington carecen de elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de los señalados bajo el sistema jurídico mexicano.
Traslado de responsabilidad a la Fiscalía General de la República
La SRE ha delegado formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) la tarea de analizar la viabilidad de estas detenciones. Según el comunicado oficial:
- Se debe determinar la existencia de elementos probatorios conforme a la ley mexicana.
- Es necesario evaluar la procedencia jurídica de las solicitudes de detención provisional.
- La FGR asume la carga de validar los expedientes enviados desde el Departamento de Justicia.
Tensión diplomática y queja por la difusión de datos
La respuesta del Gobierno de México incluyó un reclamo directo por la publicidad de la investigación. La Cancillería subrayó que los tratados vigentes exigen la confidencialidad de la información en procesos de extradición. Ante la difusión masiva del acta por parte del Departamento de Justicia y la Embajada de Estados Unidos, México anunció el envío de un extrañamiento diplomático, cuestionando las formas en que se expuso la información sensible.
Funcionarios y políticos señalados en la imputación
El acta de la justicia estadounidense no se limita al gobernador de Sinaloa, sino que extiende las acusaciones a una red de figuras públicas y mandos policiales que operaron durante la administración morenista:
- Poder Ejecutivo y Legislativo: Rubén Rocha Moya (Gobernador), Enrique Inzunza Cázarez (Senador y exsecretario de Gobierno), Juan de Dios Gámez Mendívil (Alcalde de Culiacán) y Enrique Díaz Vega (Secretario de Finanzas).
- Mandos de Investigación y Justicia: Dámaso Castro Zaavedra (Vicefiscal), Marco Antonio Almanza Avilés (exjefe de la Policía de Investigación) y Alberto Jorge Contreras Núñez (sucesor en el cargo).
- Seguridad Pública: Gerardo Mérida Sánchez (Secretario de Seguridad Pública 2023-2024), José Antonio Dionisio Hipólito (Director de la Policía Estatal 2017-2022) y Juan Valenzuela Millán (Comandante de la Policía Municipal de Culiacán).
La narrativa de la justicia estadounidense sostiene que este grupo trabajó en coordinación con estructuras delictivas, lo que ha generado una presión sin precedentes sobre las instituciones judiciales mexicanas para proceder con las capturas solicitadas por la administración Trump.
