Una acusación formal en el tribunal federal de Manhattan vincula al gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios con operaciones logísticas para el Cártel de Sinaloa. El documento señala su participación en el transporte transfronterizo de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y posesión ilícita de armas.
Desarticulación legal de la estructura estatal en Sinaloa
La justicia estadounidense hizo pública una acusación que sacude la cúpula política del estado de Sinaloa. El expediente judicial presentado en Nueva York detalla cómo una red de funcionarios, tanto en activo como retirados, habría facilitado el movimiento de sustancias controladas a gran escala. Según el comunicado emitido por las autoridades federales, la protección institucional fue una pieza clave para que el Cártel de Sinaloa lograra introducir toneladas de droga en territorio estadounidense.
Hasta el momento de la publicación de estos cargos, ninguno de los señalados se encuentra bajo custodia, lo que mantiene el caso en una fase de persecución judicial activa por parte de las agencias de seguridad de Estados Unidos.
El papel estratégico de los acusados en el esquema criminal
La investigación resalta que los individuos señalados desempeñaron funciones fundamentales en la cadena de suministro global del narcotráfico. Su posición dentro de las fuerzas del orden y el aparato gubernamental permitió que el Cártel de Sinaloa operara con una eficiencia logística que garantizaba el flujo constante de químicos y estupefacientes.
- Rubén Rocha Moya: El actual gobernador encabeza la lista de los señalados por la fiscalía de Manhattan.
- Gerardo Merida Sánchez: Fungió como Secretario de Seguridad Pública de la administración de Rocha entre los años 2023 y 2024.
- José Antonio Dionisio Hipolito: Estuvo al frente de la dirección de la policía estatal durante el periodo de 2017 a 2022.
- Juan Valenzuela Millán: Identificado como comandante de la policía municipal en la ciudad de Culiacán.
Integrantes del servicio público señalados por la fiscalía
La lista de implicados se extiende a figuras que han ocupado puestos de alta relevancia en la administración estatal y el sistema de procuración de justicia. El documento legal especifica la identidad de otros seis individuos involucrados en este esquema de colaboración delictiva:
- Alberto Jorge Contreras Núñez
- Enrique Inzunza Cazarez
- Enrique Díaz Vega
- Damaso Castro Zaavedra
- Marco Antonio Almanza Avilés
Estos funcionarios del estado norteño de Sinaloa son piezas centrales en la acusación que describe una simbiosis entre el poder político y el crimen organizado. La gravedad de los cargos radica en que estas personas, encargadas constitucionalmente de salvaguardar la seguridad pública, presuntamente utilizaron sus recursos y autoridad para blindar las actividades de una de las organizaciones criminales más potentes del mundo.
