El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y su círculo político, señalándolos por facilitar operaciones de tráfico de drogas hacia territorio norteamericano bajo el amparo de la facción de «Los Chapitos», liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.
Desarticulación de la red de colusión institucional en Sinaloa
La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, encabezada por Jay Clayton, junto a Terrance C. Cole, administrador de la DEA, hicieron pública la apertura de una acusación formal que apunta directamente a la estructura de mando del estado de Sinaloa. La investigación sostiene que la libertad operativa y el éxito logístico del Cártel de Sinaloa han dependido históricamente de la protección activa de funcionarios públicos y fuerzas del orden a sueldo de la organización criminal.
Este movimiento legal busca fracturar el sistema de apoyo político que permite a organizaciones delictivas inundar comunidades estadounidenses con narcóticos letales. La postura del gobierno de Estados Unidos es contundente: el cargo o la posición jerárquica de un funcionario extranjero no garantiza inmunidad frente a la justicia federal cuando existe una asociación directa con el tráfico internacional de drogas.
Implicados en la estructura de protección a Los Chapitos
La acusación no se limita al titular del Ejecutivo estatal, sino que abarca a una red de funcionarios de alto rango, actuales y anteriores, que presuntamente orquestaron la distribución de cargamentos masivos de estupefacientes. Bajo la supervisión de la jueza federal Katherine Polk Failla, el proceso judicial detalla la participación de figuras clave en la administración pública y los cuerpos de seguridad.
Los individuos señalados en el expediente judicial son:
- Enrique Inzunza Cázarez
- Enrique Díaz Vega
- Dámaso Castro Zaavedra
- Marco Antonio Almanza Avilés
- Alberto Jorge Contreras Núñez
- Gerardo Mérida Sánchez
- José Antonio Dionisio Hipólito
- Juan de Dios Gámez Mendívil
- Juan Valenzuela Millán
El Cártel de Sinaloa y la complicidad estatal
La narrativa del caso subraya que el Cártel de Sinaloa opera como una organización criminal despiadada cuya persistencia temporal se explica a través de la corrupción de los sistemas de justicia y vigilancia en México. La acusación formal establece que sin la colusión de estos actores políticos, el flujo de sustancias hacia el norte no habría alcanzado las escalas actuales.
Este expediente representa uno de los golpes judiciales más significativos contra la infraestructura política del estado sinaloense, enviando una advertencia global sobre la persecución de la narcopolítica. Los esfuerzos conjuntos entre la fiscalía neoyorquina y la DEA pretenden desmantelar los vínculos que garantizan la impunidad a los operadores logísticos de la facción de «Los Chapitos».
