Los dos ciudadanos estadounidenses fallecidos el pasado 19 de abril en la sierra de Chihuahua carecían de los permisos legales necesarios para ejercer funciones operativas en México. El Gabinete de Seguridad informó este sábado que las revisiones migratorias revelaron que uno de los sujetos ingresó al territorio nacional bajo la categoría de turista, mientras que el segundo lo hizo portando un pasaporte diplomático, sin que existiera un registro de acreditación como agentes extranjeros activos.
La administración federal, a través de un comunicado conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), enfatizó que no existía notificación previa ni autorización para que estas personas participaran físicamente en acciones tácticas en el país. El gobierno reiteró que la legislación mexicana prohíbe estrictamente la intervención de agentes de otros países en operativos de campo dentro de la jurisdicción nacional, subrayando que cualquier colaboración debe limitarse exclusivamente al intercambio técnico y de inteligencia.
Esta situación ha generado un diferendo institucional entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, debido a la naturaleza del operativo realizado en el municipio de Morelos. El evento se centró en el desmantelamiento de un laboratorio de metanfetaminas en la comunidad de El Pinal, catalogado como el centro de producción de narcóticos sintéticos más grande registrado hasta la fecha en el país.
- Estatus migratorio irregular: Ingreso mediante visa de turista y pasaporte diplomático sin funciones operativas declaradas.
- Saldo del incidente: Cuatro víctimas mortales, incluyendo a los dos estadounidenses y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación.
- Marco jurídico: Incumplimiento de las restricciones sobre agentes extranjeros establecidas en la Ley de Seguridad Nacional.
- Coordinación internacional: Apertura de una revisión exhaustiva en conjunto con la Embajada de Estados Unidos para determinar el origen de la omisión institucional.
Ante la gravedad del suceso, la gobernadora Campos Galván anunció la creación de una unidad especializada para investigar la cronología de los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril. Asimismo, se confirmó una reunión de alto nivel con el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, para evaluar el impacto económico del narcolaboratorio asegurado y los detalles técnicos del accidente vehicular donde perdieron la vida los efectivos estatales y los presuntos agentes de la CIA.
El Gabinete de Seguridad subrayó que, si bien existen mecanismos de confianza mutua y reciprocidad con Estados Unidos, estos no operan bajo un esquema de subordinación ni permiten la vulneración de la soberanía. Las autoridades federales mantienen bajo análisis los protocolos utilizados por el gobierno de Chihuahua durante la incursión en la sierra, buscando deslindar responsabilidades sobre la inclusión de personal no acreditado en tareas de seguridad pública y combate al narcotráfico.
