La asamblea del ejido El Bajío determinó solicitar formalmente a la Secretaría de Economía la cancelación de la concesión minera que permitió la ocupación de sus tierras por parte de la empresa Penmont. Tras vencer en tribunales agrarios hace más de una década y lograr el desalojo de la compañía, los propietarios legales buscan ahora la extinción definitiva del título minero basándose en la falta de actividad operativa y la ausencia de convenios vigentes.
El fundamento legal para esta solicitud radica en las reformas a la Ley Minera implementadas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el abogado Carlos Encinas, representante legal de los ejidatarios, las modificaciones al artículo 13 establecen que las empresas ya no pueden disponer de «terrenos libres» sin un acuerdo previo con los propietarios. En este caso, al no existir interés por parte de la asamblea para suscribir convenios de explotación y habiendo transcurrido más de dos años sin actividad minera, el Estado tiene la facultad de revocar el título de concesión.
La disputa por la titularidad de estas tierras en el norte de Sonora comenzó en 2009, antes de que la operación Soledad-Dipolos iniciara actividades. Para 2013, el Tribunal Unitario Agrario #28 dictaminó que los permisos de la minera resultaron ilegítimos, obligando a Penmont —propiedad de Fresnillo PLC y filial de Grupo Peñoles— a desalojar las 20 mil hectáreas que pertenecen a cerca de 70 familias ejidatarias desde 1971.
- Derecho de contraprestación: La ley actual obliga a las empresas a cubrir al menos el 5% del resultado fiscal a los propietarios del suelo.
- Consentimiento obligatorio: Toda concesión en terrenos habitados u ocupados requiere la suscripción de un convenio con la comunidad afectada.
- Antecedente jurídico: El ejido El Bajío posee fallos definitivos que invalidan la ocupación realizada por una de las mineras más grandes del mundo.
- Estatus actual: La operación minera se mantiene detenida desde hace 13 años, lo que facilita el argumento de abandono de la concesión.
La resolución de la asamblea representa un hito en la defensa del territorio frente a grandes consorcios industriales, como el dirigido por Alejandro Baillères. Al recuperar la posesión física de los predios, los agricultores buscan ahora la seguridad jurídica total mediante la eliminación de los derechos de explotación que aún pesan sobre su suelo en los registros federales.
Este proceso administrativo ante la Secretaría de Economía se sustenta en la nueva visión del derecho agrario y minero en México, donde la propiedad social prevalece sobre los intereses de extracción cuando no existen acuerdos de beneficio mutuo. La cancelación definitiva de la concesión cerraría un ciclo de litigios de más de quince años, garantizando que el aprovechamiento de los recursos naturales en Caborca quede sujeto estrictamente a la voluntad de sus dueños legítimos.
