La administración federal mexicana rechaza la operatividad de agencias de seguridad extranjeras en territorio nacional tras detectarse la participación de elementos de la CIA en operativos locales, subrayando que toda colaboración binacional debe gestionarse estrictamente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores bajo los protocolos constitucionales vigentes.
El marco de seguridad nacional enfrenta un punto crítico tras el fallecimiento de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en suelo mexicano. Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando el vehículo en el que se transportaban los elementos estadounidenses derrapó y cayó por un barranco. El incidente tuvo lugar durante el retorno de un operativo enfocado en el desmantelamiento de laboratorios de drogas, una acción en la cual también participó el ejército mexicano. El saldo del siniestro incluyó la muerte de dos funcionarios adscritos a la fiscalía del estado de Chihuahua, entidad fronteriza con Texas.
La postura del Ejecutivo Federal es tajante: la operación de agentes de cualquier institución gubernamental de Estados Unidos en campo mexicano resulta inadmisible. Esta actividad no forma parte de los acuerdos de seguridad ni del entendimiento diplomático establecido entre ambas naciones. La confirmación de la identidad y rol de los fallecidos emergió tras días de declaraciones contradictorias por parte de diversas autoridades locales, lo que expuso la falta de transparencia en la ejecución de estas maniobras conjuntas en la zona fronteriza.
Aunque se admite la presencia de elementos de la Defensa Nacional en la operación de Chihuahua, se precisa que los mandos militares desconocían la identidad de los colaboradores externos. El apoyo de las fuerzas federales a las entidades federativas para desmantelar infraestructuras del narcotráfico se rige por protocolos específicos cuando se solicita su intervención. No obstante, en este caso particular, la Defensa Nacional no poseía registro de que ciudadanos no mexicanos o personal ajeno a las agencias de seguridad estatales participaran activamente en las acciones tácticas.
La soberanía nacional demanda un control estricto sobre cualquier interacción con el gobierno de Estados Unidos. Bajo los preceptos de la Constitución y las leyes mexicanas, cualquier relación en materia de seguridad debe transitar obligatoriamente por los canales de la federación. Dado que no existía conocimiento previo de estos movimientos en las instancias federales, se ha programado un encuentro con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para abordar la presencia irregular de extranjeros. El diálogo institucional busca esclarecer por qué se omitió informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, órgano rector de la política exterior y la seguridad compartida.
