La confirmación de agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua revela operaciones encubiertas sin conocimiento del Gobierno Federal, lo que desata una crisis diplomática entre la administración de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, poniendo en entredicho el cumplimiento del Entendimiento Bicentenario y la soberanía nacional en materia de seguridad.
La Agencia Central de Inteligencia (CIA) mantiene una operatividad activa en territorio mexicano, hecho que cobró relevancia tras la muerte de dos oficiales el pasado domingo 20 de abril. Este suceso intensifica la fricción diplomática entre el gobierno de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, exponiendo una brecha de comunicación crítica donde el Ejecutivo Federal y las autoridades estatales de Chihuahua parecen desconocer la profundidad de las actividades de inteligencia extranjera en el país. Bajo el marco del Entendimiento Bicentenario —sucesor de la Iniciativa Mérida y producto de la crisis tras la detención de Salvador Cienfuegos—, existe una obligación estricta de transparencia. Todos los agentes federales estadounidenses deben entregar un informe mensual a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre sus desplazamientos. El incumplimiento de estas normas, blindadas por las leyes de seguridad mexicanas, estipula la expulsión inmediata de los agentes involucrados.
Durante la conferencia matutina del martes, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la falta de información oficial previa sobre la presencia de los agentes de la CIA. La investigación actual, encabezada por la Fiscalía, busca determinar si estas acciones violaron la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional. La mandataria enfatizó la necesidad de que el gobierno de Chihuahua proporcione datos veraces sobre la naturaleza de esta colaboración. La narrativa oficial describe que el convoy, integrado por funcionarios estadounidenses y la Fiscalía General del Estado, regresaba de un operativo contra laboratorios de metanfetaminas del Cártel de Sinaloa cuando ocurrió el siniestro. No obstante, medios internacionales de alto perfil como The Washington Post y The New York Times confirmaron que los fallecidos eran oficiales de la CIA en misiones encubiertas, alineadas con la política de la administración Trump de intervenir directamente contra el narcotráfico.
La participación de agencias extranjeras en tareas de seguridad interna ha generado versiones encontradas que evidencian una falta de cohesión institucional. La Embajada clasificó inicialmente a las víctimas como personal diplomático, mientras que el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, ofreció testimonios contradictorios; primero afirmó que eran instructores de drones que solicitaron un «aventón», para luego admitir una colaboración de alcance indefinido. Esta opacidad se agrava ante reportes que sitúan al Ejército Mexicano en el mismo operativo, contradiciendo el desconocimiento manifestado por la Presidencia. El incidente cobró la vida de Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), y del agente Manuel Genaro Méndez Montes, tras desbarrancarse y explotar su vehículo en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez a las 2:00 horas.
Este evento transgrede el artículo 68 de la Ley de Seguridad Nacional, el cual obliga a las misiones extranjeras a informar sobre sus actividades bajo convenios de cooperación. La reforma de 2020 ya buscaba limitar el radio de acción de la DEA, el FBI y la CIA para prevenir operaciones unilaterales que vulneren la soberanía. Actualmente, el Gobierno Federal evalúa emitir un extrañamiento formal hacia la Embajada de Estados Unidos, decisión supeditada al regreso de Roberto Velasco de su gira en Bruselas. La falta de comunicación entre la administración de María Eugenia Campos y el Ejecutivo Federal agrava una crisis política donde la inteligencia extranjera opera al margen de los protocolos de seguridad nacional.
