El Gobierno de México investiga la falta de notificación sobre la presencia de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Chihuahua tras un siniestro vehicular. La administración federal evalúa posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional, dado que la cooperación internacional es competencia exclusiva de la Federación y no de los estados.
La administración federal confirmó el desconocimiento total sobre la movilización de agentes estadounidenses en territorio chihuahuense, subrayando que no existía registro de un trabajo directo entre el gobierno estatal y el personal diplomático en misiones operativas. La situación salió a la luz tras un accidente donde fallecieron funcionarios de ambos países mientras se trasladaban en un mismo vehículo. Ante estos hechos, se ha formalizado una solicitud de información exhaustiva a la administración de Chihuahua para esclarecer los términos de esta colaboración, priorizando la solidaridad humana con las familias de los fallecidos y manteniendo contacto estrecho con la Embajada de Estados Unidos.
La postura oficial desmiente las declaraciones previas de la fiscalía local, aclarando que el gabinete de seguridad nacional nunca fue consultado ni informado sobre esta acción conjunta. En la arquitectura legal mexicana, la relación con agencias extranjeras es una atribución federal; por lo tanto, cualquier convenio o movilización en estados requiere una autorización previa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de las instancias de seguridad correspondientes, tal como lo mandata la Constitución.
- Límites de la cooperación: Existe un marco establecido de colaboración e inteligencia, pero las operaciones conjuntas en tierra o aire están estrictamente fuera de los protocolos vigentes.
- Principios de soberanía: La política exterior se rige por la integridad territorial y el respeto a la soberanía nacional sobre cualquier acuerdo local.
- Protocolo de agencias: El personal de agencias estadounidenses en México debe operar bajo reglas estrictas que, en este caso, parecen haber sido omitidas por el gobierno estatal.
El gabinete de seguridad mantiene comunicación con el embajador Ronald Johnson para precisar las condiciones de este despliegue. Se analiza si la actuación de la gobernadora Maru Campos derivará en sanciones legales, ya que el marco normativo es taxativo respecto a la subordinación de los estados en temas de seguridad nacional y diplomacia. La información se hará pública conforme avancen las indagatorias, cuidando la integridad de las personas involucradas pero garantizando la transparencia sobre por qué se ignoró el protocolo de la federación en un tema de alta sensibilidad política y operativa.
