Francisco J. Rosado May
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El 30 de enero pasado la Presidenta Claudia Sheinbaum hizo un anuncio en la mañanera que pasó prácticamente desapercibido, no se le dio la difusión e importancia que requiere. Anunció la creación de una nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción.
En papel y en la descripción verbal de las intenciones de esta nueva Ley, se antoja importante, necesaria e indispensable. Es un paso en la dirección correcta y atiende coyunturas que han evitado un mejor desempeño de los objetivos establecidos en la actual Ley de Mejora Regulatoria, establecida a nivel federal desde 2018, la cual a su vez derogó diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
La nueva Ley busca simplificar y disminuir trámites y eliminar actos de corrupción y abusos de autoridad, objetivos que nadie en su sano juicio podría estar en desacuerdo. Vivimos en un país donde la simplificación de trámites es la excepción, la regla que siguen mucha de la administración pública de los tres niveles parece ser basada en que mientras más complejos y complicados los trámites mejor. ¿Cómo es posible que el pago del impuesto predial en Chetumal sea mucho más sencillo y rápido que en Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos? ¿Cómo es posible que el pago del mismo impuesto sea más ágil en Mérida que en Chetumal, por lo menos hace unos años?
Es increíble que en pleno siglo XXI, con los avances tecnológicos en digitalización, se pida copia tras copia de CURP, de credencial de elector, de domicilio, etc., casi para cualquier trámite, y en las oficinas ver cajas mal escoradas y desorganizadas que albergan los millones de hojas que se han acumulado, y se siguen acumulando, por requisitos que se piden una y otra vez. El caso de la CURP es impresionante; cuando lo piden como requisito se exige que contenga el nombre del Secretario/a actual de Gobernación, como si la CURP cambiara cada vez que entra una nueva persona al mismo cargo. El argumento es que se pueden falsificar, pero es endeble. ¿Por qué no castigan a quien incurra en ese delito en vez de pedir a toda la población que invierta tiempo y dinero en un trámite que debe ser sencillo? Esta es una lógica muy arraigada, en vez de castigar a la persona que incurra en el delito, se castiga a toda la población.
La nueva Ley de simplificación burocrática se inscribe en el marco del Plan México, el cual se ha diseñado para guiar el crecimiento económico de nuestro país en el presente sexenio. La nueva Ley implicará reformar los Arts. 25 y 73 de nuestra Constitución y abrogar la Ley General de Mejora Regulatoria. Tiene como meta reducir al menos el 50% de los trámites existentes, el tiempo de resolución, y digitalizar por lo menos el 80% de los trámites.
Uno de los objetivos de la nueva Ley es mantener buenas prácticas regulatorias como lo establece el T-MEC. ¿Será una de las demandas no visibles detrás de los aranceles que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos a México? Difícil de saber, pero en el contexto de la amenaza del 25% de aranceles que nos impuso Trump, el escenario de lidiar con esa medida en un contexto de complejidad burocrática, no es halagüeño. Nuestra mejor defensa es balancear la dependencia exterior con fortalezas internas para fomentar el desarrollo sostenible con crecimiento económico, y no es una tautología.
Punto y aparte. El maíz que importamos de Estados Unidos es uno de los productos que podría hacerse más caro de lo que es actualmente. ¿Impondría México aranceles al maíz en respuesta a la orden ejecutiva de Trump?
Es cuanto.
