La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) enfrenta el riesgo inédito de nombrar dos rectores simultáneos para el periodo 2027-2031, tras la fractura legal entre el Consejo Universitario, encabezado por Yarabí Ávila González, y la reactivada Comisión de Rectoría avalada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Esta duplicidad de órganos electores compromete la validez jurídica de los títulos profesionales, el ejercicio del presupuesto federal de educación superior y la gobernabilidad interna de la máxima casa de estudios de Michoacán, cuyo relevo institucional debe concretarse antes del 8 de enero de 2027.
Origen legislativo del conflicto en la Ley Orgánica de 2025
La reforma a dos artículos transitorios aprobada el 3 de noviembre de 2026 reactivó la extinta Comisión de Rectoría ante el retraso normativo del Consejo Universitario.
Durante 2025, con el respaldo conjunto del Ejecutivo estatal y Rectoría, el Congreso de Michoacán promulgó una nueva Ley Orgánica para la UMSNH que instauró el voto universal y directo, fijando plazos perentorios al Consejo Universitario para emitir su reglamentación interna.
El rompimiento político entre el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla y la rectora Yarabí Ávila González coincidió con el vencimiento de dicho plazo legislativo. Ante la omisión reglamentaria, el Legislativo local modificó dos artículos transitorios el 3 de noviembre para devolver las facultades de selección a la Comisión de Rectoría.
Una noche antes de la enmienda legislativa, el Consejo Universitario había aprobado el Reglamento de Elección de la Rectora o Rector aplazando diez meses los comicios para evitar interferencias con la renovación de la gubernatura, aunque rectificó esta postura el 13 de noviembre al emitir la convocatoria definitiva.
Operación paralela de la Comisión de Rectoría y fractura de aspirantes
El exdiputado Baltazar Gaona García conformó discrecionalmente la Comisión de Rectoría antes del 14 de noviembre, provocando el retiro de siete aspirantes del proceso del Consejo Universitario.
Al carecer la reforma del 3 de noviembre de un procedimiento explícito de integración, el entonces presidente del Congreso estatal, Baltazar Gaona García, asumió la conformación del órgano colegiado bajo criterio propio antes de concluir su encargo parlamentario el sábado 14 de noviembre.
Gaona García solicitó al exgobernador y exrector nicolaita Genovevo Figueroa Zamudio presidir los trabajos de instalación, mientras giraba oficios a Rectoría y diversas dependencias universitarias para recabar historiales académicos que permitieran seleccionar a los integrantes de la comisión paralela.
Como consecuencia directa de esta dualidad normativa, siete académicos aspirantes declinaron participar en la convocatoria del Consejo Universitario argumentando ilegalidad frente a la reforma local, mientras Humberto Urquiza Martínez, perfil respaldado por el gobernador, mantiene actos proselitistas pese a que Yarabí Ávila cuestiona su elegibilidad legal.
Suspensión judicial mediante amparo contra acuerdos del Consejo
El Juzgado Segundo de Distrito ordenó suspender los acuerdos de la sesión extraordinaria del 13 de noviembre de 2026 dentro del juicio de amparo VI1637/2026-1.
La vía jurisdiccional federal intervino en la disputa institucional tras la admisión de la demanda de garantías promovida por Jorge Arturo Arana Sandoval contra el procedimiento electivo convocado por el órgano de gobierno universitario.
La resolución cautelar instruye mantener las cosas en el estado que guardan actualmente e impide ejecutar cualquier acuerdo derivado de la sesión extraordinaria virtual celebrada por el Consejo Universitario el 13 de noviembre, congelando de facto el calendario de votación universal hasta la sentencia de fondo.
Respaldo federal de la SEP y exhorto de la Cámara de Diputados
La Secretaría de Educación Pública avaló el voto universal del Consejo Universitario bajo el artículo tercero constitucional, mientras diputados federales exigieron derogar la reforma estatal.
Mediante un comunicado oficial emitido este miércoles, la Secretaría de Educación Pública (SEP) refrendó el principio de autonomía universitaria amparado en el artículo tercero, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo segundo de la Ley General de Educación Superior.
A diferencia de la postura del Ejecutivo michoacano, la dependencia federal celebró que el Consejo Universitario desistiera de prorrogar la elección, calificando la apertura hacia el voto universal y directo derivado de la reforma de 2025 como un avance de legalidad, transparencia y autogobierno que garantiza la libertad de cátedra.
Simultáneamente, el diferendo escaló al Congreso de la Unión mediante un punto de acuerdo suscrito en la Cámara de Diputados por los legisladores Reginaldo Sandoval Flores del Partido del Trabajo, Germán Martínez Cázares del Partido Acción Nacional y Juan Ignacio Zavala Gutiérrez de Movimiento Ciudadano.
La proposición parlamentaria exhorta formalmente a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Michoacán a garantizar la autonomía nicolaita, demandando al Congreso local derogar la reforma aprobada a inicios de noviembre y al gobernador publicar dicha abrogación sin demora administrativa.









