La Universidad Nacional Autónoma de México mantiene la potestad exclusiva para determinar la validez de los resultados y el posible inicio de acciones penales ante la Fiscalía General de la República por irregularidades en la reciente evaluación a distancia.
Autonomía universitaria ante el posible fraude
La resolución de las irregularidades detectadas en el proceso de ingreso corresponde estrictamente a los órganos de gobierno de la institución académica.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que la universidad posee la capacidad técnica y jurídica para dirimir la controversia. El eje central de la intervención universitaria debe enfocarse en brindar certidumbre a los aspirantes ante la proximidad del inicio del ciclo escolar. La mandataria reiteró que los asuntos internos, tanto académicos como de gobernanza, recaen bajo el blindaje de la autonomía universitaria, desestimando una injerencia directa del Ejecutivo federal en la toma de decisiones sobre la validez del examen.
Determinación de responsabilidades y alcances técnicos
La investigación debe esclarecer el origen de la vulnerabilidad en el sistema de evaluación para definir si existió una falla externa o una intrusión por parte de los aspirantes.
- Identificación de actores: La universidad debe determinar si el fraude fue orquestado por la empresa proveedora del sistema de evaluación o mediante el uso de Inteligencia Artificial por parte de los postulantes.
- Acciones punitivas: La decisión de interponer una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) es una facultad exclusiva de las autoridades universitarias.
- Asesoría técnica: La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones está facultada para brindar soporte técnico, pero no para ejecutar la investigación legal ni académica.
- Intervención de la SEP: El apoyo de la Secretaría de Educación Pública se mantiene como una opción de acompañamiento institucional, supeditada a las peticiones que la UNAM formalice.
Perspectiva para la comunidad estudiantil
La urgencia por resolver el estatus de las inscripciones busca minimizar el impacto negativo en los jóvenes afectados por la parálisis del proceso.
La administración federal posicionó a la Universidad Rosario Castellanos como una alternativa de contención para aquellos estudiantes que busquen opciones de licenciatura, tanto en modalidades a distancia como presenciales, mientras la UNAM solventa la crisis de su proceso de admisión. La instrucción gubernamental es clara: la universidad debe definir con prontitud la validez de las pruebas aplicadas y el procedimiento administrativo a seguir para salvaguardar los derechos de los jóvenes que buscan ingresar a la institución.
