La tensión crece entre el gobierno y las plataformas digitales. En la Ciudad de México, el 18 de julio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum ha alzado la voz frente a la decisión de Uber de trasladar a los usuarios el costo del seguro social obligatorio para sus choferes, lo que representa un incremento del siete por ciento en las tarifas. El debate sobre la formalización laboral en las plataformas digitales se intensifica, mientras la mandataria insiste en que las empresas, dadas sus “ganancias impresionantes”, deben asumir esta responsabilidad.
La postura presidencial: Uber debe asumir su costo
La presidenta Sheinbaum fue contundente al expresar su rechazo al aumento tarifario. Subrayó que Uber tiene “ganancias impresionantes” y, por tanto, no debe trasladar al consumidor final el costo de la seguridad social de sus trabajadores. La mandataria enfatizó que estas personas “requieren seguridad social” y que las empresas, en su rol de empleadores, “tienen que contribuir” directamente a ello.
La discusión sobre este incremento llega en un contexto donde trabajadores de plataformas digitales, incluyendo Uber, ya han manifestado su descontento. El 13 de marzo de 2025, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), protestaron exigiendo un alto al impuesto de reparto, así como soluciones ante los incrementos en el precio de la gasolina y las cuotas sindicales.
Avances en la formalización laboral y diálogo permanente
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El gobierno ha mantenido un “diálogo permanente” con las empresas de plataformas digitales, según Sheinbaum. Este esfuerzo ha resultado en la inscripción de más de 400 mil personas en el Seguro Social. La presidenta destacó la importancia de “formalizar la economía”, un objetivo con el que “todos estamos de acuerdo”, aunque también señaló la necesidad de apoyar a quienes laboran en el sector informal.
México, pionero en seguridad social para repartidores
La mandataria resaltó que México es el “primer país del mundo” en brindar seguridad social a los repartidores vinculados con plataformas digitales. Este logro, afirmó, se alinea con los esfuerzos por disminuir las condiciones “muy precarias de empleo” que tenían trabajadores como los repartidores, un problema que la reforma del *outsourcing* ha buscado mitigar. La incorporación a la seguridad social implica que, “imagínense, 400 mil personas que hoy van a contar con toda la seguridad social, y si ganan menos de un salario mínimo, con seguro para cualquier accidente”.
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Existe un periodo voluntario de seis meses para la incorporación de los trabajadores, y la presidenta aseguró que todas las empresas, “hasta Didi”, están colaborando. A pesar de esta colaboración, Sheinbaum reiteró su firme convicción: el costo de la incorporación “no tiene por qué pasar al consumidor final”. En cambio, sugirió “pensar positivo en que las empresas están de acuerdo”. Para garantizar la implementación y resolver dudas, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, y el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social mantienen “mesas permanentes” con plataformas digitales y trabajadores.
La postura presidencial, al rechazar la transferencia de costos a los usuarios, envía una clara señal al sector: la responsabilidad de la seguridad social de los trabajadores de plataforma recae en las empresas. Esta situación pone de manifiesto la creciente tensión entre la innovación tecnológica y los derechos laborales, un dilema que continuará en el centro del debate público.
