La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la investigación sobre los dos agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua debe seguir su curso legal a través de la Fiscalía General de la República. El proceso busca garantizar la soberanía nacional y el cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional, independientemente de la renuncia del fiscal estatal César Jáuregui.
Firmeza institucional ante la salida del fiscal de Chihuahua
La administración federal rechazó que la dimisión del fiscal César Jáuregui signifique un punto final para el expediente. Durante la conferencia matutina del martes, la mandataria enfatizó que el esclarecimiento total de los hechos es una prioridad que trasciende los cambios de mando en las instituciones de procuración de justicia locales. La postura oficial se centra en la defensa de la Constitución y la integridad de los marcos normativos de seguridad.
La salida de Jáuregui ocurrió el lunes, motivada por la admisión de fallas críticas en el manejo de la información relativa a los elementos extranjeros. Este vacío informativo vulneró directamente los protocolos de control y comunicación que la fiscalía estatal estaba obligada a mantener vigentes, dejando al descubierto una ruptura en la cadena de mando y reporte institucional.
El incidente en la zona serrana de Chihuahua y Sinaloa
El origen de la investigación se remonta al 19 de abril, cuando una camioneta oficial derrapó y cayó por un barranco en una zona de geografía accidentada que conecta Chihuahua con el estado de Sinaloa. En este evento perdieron la vida cuatro personas: dos funcionarios de la fiscalía local y dos individuos identificados posteriormente como agentes de inteligencia.
El contexto del desplazamiento era operativo:
- Ubicación: Montañas escarpadas entre Chihuahua y Sinaloa.
- Antecedente directo: Desmantelamiento previo de un laboratorio de drogas sintéticas en la región.
- Saldo humano: Cuatro decesos totales en el vehículo oficial.
Identidad y estatus legal de los agentes extranjeros
Fuentes de inteligencia de Estados Unidos confirmaron que los fallecidos pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque la organización ha evitado emitir declaraciones oficiales al respecto. La Secretaría de Seguridad federal mexicana reveló que los mecanismos de ingreso al país de estos individuos fueron diferenciados, detectando que uno accedió como visitante y el otro bajo el amparo de un pasaporte diplomático.
La opacidad en su despliegue operativo ha sido el eje de la controversia política y legal. Según el Gobierno de México, no existía conocimiento previo sobre la operación de estos agentes extranjeros en territorio nacional, lo cual contraviene los acuerdos de cooperación vigentes.
Irregularidades operativas detectadas por la fiscalía
Wendy Chávez, fiscal encargada de la investigación técnica en Chihuahua, detalló que la presencia de los agentes de la CIA no formaba parte del despliegue institucional autorizado. La integración de los extranjeros en el convoy estatal se realizó de forma clandestina, sin reportar la actividad a los mandos superiores responsables de la seguridad en la entidad.
Las condiciones detectadas durante el trayecto operativo incluyen:
- Indumentaria: Los agentes vestían ropa civil sin insignias oficiales.
- Armamento: No portaban armas de fuego al momento del percance.
- Ocultamiento: Mantuvieron el rostro cubierto durante la mayor parte del trayecto para evitar su identificación por terceros.
