La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración no iniciará denuncias directas contra expresidentes. Priorizará la gestión pública, delegando a la Fiscalía la acción legal ante posibles vínculos delictivos con exmandatarios.
Decisión presidencial: Cero denuncias directas contra exmandatarios
La presidenta Claudia Sheinbaum ha delineado un enfoque administrativo que prioriza el servicio público sobre la presentación de denuncias directas contra exmandatarios. En su conferencia de prensa del miércoles, Sheinbaum aseguró que la administración no dedicará tiempo a esta tarea, a menos que una investigación previa revele vínculos delictivos.
El dictamen es claro: «Nosotros no nos vamos a dedicar a poner denuncias a menos que cuando se haga una investigación resulte que hay un vínculo. Eso tendría que hacerlo la fiscalía, pero de parte nuestra no vamos a estar dedicando tiempo a eso, mejor se lo dedicamos al pueblo», declaró la mandataria. Esta postura abarca a expresidentes como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
El rol de la Fiscalía en las indagatorias
La Fiscalía General, bajo la supervisión de Ernestina Godoy, sería la instancia responsable de informar sobre cualquier investigación en curso.
Cuando se le consultó sobre la existencia de investigaciones activas contra exmandatarios, Sheinbaum precisó que la fiscal general, Ernestina Godoy, sería la encargada de proporcionar cualquier información relevante sobre este particular. Esto delimita claramente las responsabilidades institucionales en el proceso de procuración de justicia.
Fracaso de la consulta popular de López Obrador
Una consulta previa para enjuiciar a expresidentes, impulsada por López Obrador, fracasó al no alcanzar el 40% de participación vinculante.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se llevó a cabo una consulta popular orientada a enjuiciar a los expresidentes. Este ejercicio democrático, el primero de su tipo a nivel nacional en México, registró una participación del 7.11%, lo que equivale a 6.6 millones de votos, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE). La baja afluencia impidió que los resultados fueran vinculantes, ya que se requería un 40% de participación.
El entonces presidente López Obrador, aunque promotor de la consulta, optó por no emitir su voto el día del ejercicio. Atribuyó la escasa participación a las autoridades electorales y, ante la ausencia del umbral requerido, los resultados quedaron sin efectos jurídicos.
La reconfiguración de la pregunta judicial
La SCJN modificó la pregunta de la consulta para proteger la presunción de inocencia, formulándola de manera más ambigua.
La propuesta original de enjuiciar a los exmandatarios fue modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Para preservar la presunción de inocencia, la SCJN reformuló la pregunta a un enunciado más abierto: «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».
El colapso de Peña Nieto: Sobornos y el programa Pegasus
El expresidente Peña Nieto enfrenta una investigación por presuntos sobornos y el uso masivo del programa espía Pegasus durante su mandato.
El expresidente Enrique Peña Nieto es objeto de una indagatoria por el supuesto cobro de sobornos. El año pasado, el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero reveló la existencia de una investigación sobre pagos presuntamente recibidos por Peña Nieto de parte de dos empresarios israelíes. Estos pagos, por un valor de 25 millones de dólares, habrían sido a cambio de contratos gubernamentales, incluyendo la adquisición del controvertido programa de espionaje Pegasus.
La revelación de este presunto soborno provino del medio israelí The Marker, que informó sobre un acuerdo entre los empresarios para repartirse las agencias de seguridad de México. Durante la administración de Peña Nieto, Pegasus fue utilizado de manera masiva para la intervención telefónica.
Las agencias gubernamentales que contrataron Pegasus en ese periodo incluyen:
- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
- La entonces Procuraduría General de la República (PGR)
- El Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen)
El software fue desplegado contra miles de objetivos, abarcando:
- Periodistas
- Defensores de derechos humanos
- Opositores políticos
Continuidad de Pegasus bajo el actual gobierno
La Sedena mantuvo contratos con Pegasus y continuó su uso, incluso bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, sin transparentar datos.
La controversia alrededor de Pegasus no concluyó con el sexenio de Peña Nieto. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reconocida como el primer cliente global de Pegasus, prosiguió celebrando contratos para su uso durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. A pesar de una orden del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la institución castrense se ha negado consistentemente a transparentar estos acuerdos.
La Sedena continuó empleando Pegasus, apuntando entre otros a periodistas y defensores de derechos humanos. Este uso se expuso en la investigación #EjércitoEspía, en la que participaron medios como Proceso.
