Leslie Gordillo/CARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) de Quintana Roo, Alberto Alonso Ovando, señaló que si la empresa no responde, la ejecución de la fianza en el caso del fraccionamiento Urbi Villas del Rey deberá ser responsabilidad del municipio, conforme a lo establecido en la ley y en el reciente fallo judicial que ordena atender la falta de servicios básicos en la zona.
Luego de que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito confirmara la obligación de autoridades estatales y municipales de intervenir en este desarrollo habitacional, el funcionario explicó que la aplicación de la fianza no recae directamente en el gobierno estatal, sino en la instancia a cuyo nombre fue emitida.
“Se tiene que hacer efectiva la fianza, pero tiene que ser a nombre de la persona moral a quien corresponde, y no es el Gobierno del Estado, es el municipio”, precisó.
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El caso de Urbi Villas del Rey evidenció la falta de infraestructura básica como agua potable y drenaje, lo que ha colocado a cientos de familias en condiciones vulnerables. La sentencia judicial también establece que, en caso de incumplimiento por parte del desarrollador, se deberá ejecutar una fianza millonaria para que las obras sean concluidas en un plazo máximo de seis meses.
Reconoció que se trata de un tema que no puede quedar sin resolverse y que, aunque la ley contempla estos mecanismos, en su momento no se aplicaron correctamente.
“Es un tema que hoy la ley prevé, pero en esos tiempos no se aplicó, y hoy toca atenderlo”, puntualizó.
Asimismo, confirmó que la empresa desarrolladora ya fue requerida para responder, aunque no precisó el plazo exacto con el que cuenta para hacerlo, pero una vez que termine dicho plazo, si no se resolvió la problemática, es cuando tendrá que aplicarse la fianza.
El funcionario subrayó que será necesario revisar a fondo quién otorgó los permisos y bajo qué condiciones, con el fin de deslindar responsabilidades y evitar que este tipo de situaciones se repitan.
La resolución judicial ha sido considerada un precedente importante, al establecer que no solo los desarrolladores, sino también las autoridades, deben responder por omisiones que afecten el derecho a una vivienda digna.
