Redacción
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará si el Congreso de Quintana Roo tenía facultades para revocar la prórroga anticipada otorgada a Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan) para prestar los servicios de agua potable y saneamiento hasta 2053, así como si un juez federal podía suspender los efectos de esa decisión.
Este martes, el máximo tribunal aceptó analizar dos asuntos promovidos por la concesionaria, relacionados con la legalidad del decreto legislativo que en 2023 dejó sin efecto la ampliación de la concesión y las medidas judiciales que han impedido ejecutar esa determinación.
El conflicto entre el Gobierno de Quintana Roo y Aguakan lleva varios años sin resolverse. La intención de retirar la concesión ha sido recurrente en el discurso político y se ha convertido en una de las principales banderas durante los procesos electorales, particularmente ante el descontento ciudadano por la calidad del servicio y las elevadas tarifas.
Sin embargo, mientras el gobierno estatal mantiene su postura de recuperar la concesión, en los hechos Aguakan continúa operando en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen, sin que se traduzca en soluciones concretas para las constantes quejas de los usuarios por deficiencias en el suministro, falta de presión, cortes de agua y cobros que consideran excesivos.
El caso se remonta a 1993, cuando la empresa obtuvo una concesión por 30 años para prestar el servicio en Benito Juárez e Isla Mujeres. En 2014, durante el gobierno del entonces priista Roberto Borge Angulo, el Congreso estatal autorizó ampliar el periodo hasta 2053 e incorporar a Playa del Carmen, a cambio de un pago superior a mil millones de pesos.
La ampliación quedó bajo cuestionamiento por presuntas irregularidades en su otorgamiento y por el destino de los recursos entregados al gobierno estatal.
En 2023, el Poder Legislativo de Quintana Roo decretó revocar la prórroga, argumentando irregularidades, incumplimientos graves en la prestación del servicio y el resultado de la consulta ciudadana realizada en 2022. Aguakan impugnó la decisión y en enero de 2024 obtuvo una suspensión definitiva de un juez federal, con lo que logró frenar la ejecución del decreto.
Ahora, la SCJN analizará si el Congreso podía dejar sin efecto una ampliación que él mismo había autorizado sin otorgar previamente derecho de audiencia a la empresa, así como si procedía mantener la suspensión judicial frente al interés social y los principios ambientales involucrados.
La intervención del máximo tribunal deriva de dos asuntos: el recurso de revisión incidental 245/2024, cuya atracción impulsó la ministra Loretta Ortiz Ahlf, y el amparo en revisión 311/2025, respecto del cual el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la ministra Lenia Batres Guadarrama promovieron la reasunción de competencia. Ambas solicitudes fueron aprobadas por mayoría.
OTRO FRENTE JUDICIAL
El litigio por la concesión también tiene una vertiente penal. El pasado 19 de agosto, la SCJN atrajo el amparo promovido por Jorge Eduardo Ballesteros Franco, socio mayoritario de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, quien busca anular una orden de aprehensión por presunto lavado de dinero, relacionada con el pago de más de mil millones de pesos al gobierno de Roberto Borge para ampliar la concesión.
En ese expediente, el pleno deberá analizar si era necesaria una denuncia previa de la Secretaría de Hacienda para ordenar su captura, luego de que un juez federal le negara la protección de la justicia.
Mientras tanto, el futuro de la concesión permanece en manos de los tribunales. Para los usuarios, sin embargo, el problema sigue siendo cotidiano: pagar por un servicio que acumula inconformidades, mientras la disputa entre autoridades y empresa continúa prolongándose.









