El Secretario de Estado Marco Rubio ordenó la expulsión de Carlos Antonio Lloga Domínguez, su esposa e hijo, tras desmantelar una red comunista subversiva ligada al ICAP que operaba desde Estados Unidos. La medida se enmarca en la estrategia de la administración Trump contra la influencia extranjera.
Desmantelan célula ligada al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos
El Departamento de Estado confirmó la terminación del estatus legal de residencia en Estados Unidos para Carlos Antonio Lloga Domínguez, su cónyuge y su hijo. Esta acción responde a la comprobación de que la familia mantenía una red comunista subversiva en favor del gobierno de Cuba.
Rubio precisó, mediante una declaración escrita emitida por el Departamento de Estado, que Lloga Domínguez fungió como empleado del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) por más de una década. El funcionario destacó los nexos del individuo con una red transnacional comunista subversiva mientras residía en territorio estadounidense. Lloga Domínguez se desempeñaba como operador del régimen cubano, buscando influenciar a personas y organizaciones en Estados Unidos, lo cual se considera en detrimento de los intereses del gobierno federal y de sus ciudadanos.
Sanciones previas y el alcance del ICAP
La decisión de expulsión sigue a una serie de sanciones impuestas por Marco Rubio a principios de junio pasado contra el ICAP. Esta organización ha sido designada como una entidad de espionaje e influencia comunista, con conexiones en aproximadamente dos mil organizaciones distribuidas en más de 150 naciones.
El Secretario de Estado enfatizó que el ICAP posee una relación «larga e íntima» con agentes del sistema de inteligencia cubano. Como prueba de ello, se citó la figura de su actual presidente, Fernando González Llort, quien fue un espía convicto que cumplió quince años en una prisión de Estados Unidos. La condena de González Llort derivó de su participación en la conocida Red Avispa, desarticulada en el estado de Florida durante la década de los 90. Las operaciones del ICAP fueron descritas por Rubio como la distribución de propaganda hostil contra Estados Unidos, orientada a la captación de activistas y políticos que apoyen la dictadura cubana.
Contención de la propaganda cubana en territorio estadounidense
Al anunciar las sanciones previas, el Departamento de Estado ya había señalado las estrechas relaciones del ICAP entre La Habana y grupos radicales dentro de Estados Unidos. La organización utilizaba el territorio estadounidense como plataforma estratégica para la exportación de propaganda comunista.
En su declaración, Rubio reiteró el compromiso de la administración Trump. Se afirmó que Estados Unidos «nunca será un hogar para matones del régimen cubano que promueven propaganda, llevan a cabo operaciones extranjeras de influencia y buscan alimentar una revolución en contra de la civilización estadunidense». Esta postura subraya una política de cero tolerancia hacia la subversión ideológica y las operaciones de influencia extranjera dentro de las fronteras nacionales.
