Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, rechaza estar bajo resguardo del Ejército tras 69 días de ausencia pública. Atribuye los señalamientos de vínculos con el crimen organizado a una ofensiva de la ultraderecha para desestabilizar la soberanía nacional.
Ruptura del silencio mediático y permanencia en Culiacán
El mandatario estatal con licencia asegura permanecer en su domicilio particular sin custodia de corporaciones federales, desmintiendo versiones sobre un presunto resguardo militar tras su separación del cargo constitucional en Sinaloa.
A través de una comunicación en la red social X, Rocha Moya precisó que su decisión de solicitar licencia, efectiva desde hace 69 días, responde a la voluntad de facilitar las diligencias judiciales sin la protección del fuero constitucional. En este periodo, el político sinaloense confirmó su comparecencia ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde respondió a los requerimientos del Ministerio Público Federal de manera puntual.
El exgobernador descalificó las versiones periodísticas que apuntaban a un despliegue de seguridad federal en su entorno, mencionando directamente al periodista Carlos Loret de Mola. Según su declaración, desde el 1 de mayo de 2026 se encuentra en su residencia en Culiacán, sin movilizaciones ni acompañamiento de fuerzas armadas, calificando los reportes de su reubicación como imputaciones carentes de sustento fáctico.
Réplica institucional ante las imputaciones del gobierno estadounidense
Rocha Moya califica como falsos los nexos con facciones delictivas señalados por autoridades de Estados Unidos, enmarcando las acusaciones dentro de una estrategia política coordinada para estigmatizar el actual movimiento de transformación.
La narrativa de Rocha Moya sostiene que los señalamientos de la administración norteamericana, que lo vinculan con la organización conocida como Los Chapitos, forman parte de una «atroz embestida mediática». El político argumenta que estos ataques son promovidos por sectores de la ultraderecha con el objetivo de menoscabar la soberanía del país.
- Estatus jurídico: Comparecencia voluntaria ante la FGR para responder interrogatorios federales.
- Postura política: Defensa del movimiento de transformación y rechazo a la estigmatización de la política social hacia los sectores vulnerables.
- Vínculo transfronterizo: Negativa absoluta de las acusaciones formuladas por oficinas gubernamentales de Estados Unidos.
Contraste operativo y parálisis de la actividad pública
Pese al desmentido sobre la custodia federal, registros del Centro Nacional de Inteligencia sugieren una vigilancia estrecha de la Sedena sobre el exgobernador desde el quiebre interno del Cártel de Sinaloa.
Desde el inicio de las hostilidades entre las facciones de los Mayos y los Chapitos en septiembre de 2024, documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) confirman que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantiene un seguimiento cercano sobre Rocha Moya. Esta vigilancia operativa contrasta con la actual ausencia del político en la esfera social.
La trayectoria de Rocha Moya, que históricamente se caracterizó por una exposición constante —desde su periodo en el Senado (2018-2020) hasta su campaña a la gubernatura—, ha experimentado un retroceso total. Actualmente, el gobernador con licencia no registra apariciones en eventos públicos, fotografías con ciudadanos o imágenes familiares, una ruptura drástica con sus hábitos de comunicación política previos.
Suspensión de prerrogativas en la estructura de seguridad estatal
La coyuntura política coincide con la suspensión de beneficios económicos a mandos policiales bajo sospecha internacional, reflejando la presión administrativa sobre perfiles vinculados a investigaciones de seguridad nacional y transfronteriza.
En paralelo a la situación de Rocha Moya, el Congreso de Sinaloa determinó detener el proceso de pensión por retiro de un exjefe policiaco. Dicho exfuncionario enfrenta acusaciones por parte del gobierno de Estados Unidos debido a presuntos vínculos con estructuras de narcotráfico. Esta medida legislativa subraya la vigilancia institucional sobre los mandos de seguridad y su relación con las investigaciones que involucran al Cártel de Sinaloa.
La parálisis de la vida pública de Rocha Moya, sumada a la investigación de la FGR y el escrutinio de organismos de inteligencia nacional, configura un escenario de vulnerabilidad política donde la defensa jurídica se entrelaza con el discurso de resistencia frente a presiones externas.
