La organización Tejiendo Redes Infancia ha emitido una alerta crítica ante el posible cambio de medida cautelar solicitado por el presunto homicida de Ángel Manuel Moreno, adolescente con discapacidad fallecido en 2022 tras sufrir violencia física en instalaciones del DIF estatal.
Audiencia por la medida cautelar de Raymundo Francisco N.
El proceso judicial busca definir si el ex custodio del albergue DIF Fabriles, actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social 1 Norte, continuará su proceso en prisión o bajo arresto domiciliario.
Raymundo Francisco N. enfrenta cargos por homicidio doloso tras la muerte de Ángel, de 14 años, quien permaneció bajo custodia estatal durante una década. La narrativa judicial establece que la víctima sufrió una golpiza severa y careció de atención médica durante diez horas previas a su deceso. Tras el fallecimiento, el cuerpo del adolescente fue incinerado en una maniobra señalada como encubrimiento institucional.
Recomendaciones y falta de cumplimiento institucional
El expediente del caso integra diversas violaciones a los derechos humanos documentadas por instancias estatales y nacionales.
- Recomendación 01VG/2023: emitida por la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León (CDHNL), expone maltrato, negligencia y dolo por parte del personal del DIF, además de la eliminación de evidencia mediante la cremación.
- Rechazo oficial: la institución, encabezada por Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, se negó a aceptar las recomendaciones de la CDHNL.
- Recomendación 148/2025: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respaldó las investigaciones y dirigió el señalamiento directamente al ejecutivo estatal, Samuel García.
Red de implicados y conflictos de interés
La organización denunciante advierte sobre la influencia política y los riesgos de opacidad que rodean la causa penal 04556/2023.
El proceso vincula a diversos funcionarios públicos de alto nivel, entre ellos Mauricio Miguel N., Alan N. y Miguel Ángel N., este último diputado federal por Movimiento Ciudadano. Todos los implicados cuentan con recursos de amparo que complican el avance de la justicia. Tejiendo Redes Infancia enfatiza que la posición institucional de los señalados facilita la posible intimidación de testigos y la obstaculización del proceso.
Un punto crítico señalado por los representantes de las víctimas es la situación del juez de control Jesús Demetrio Cadena, encargado de resolver la solicitud de cambio de medida cautelar. El 5 de junio de 2025, Mariana Rodríguez, presidenta del DIF Nuevo León, hizo público en redes sociales que dicho juzgador fue beneficiario de un proceso de adopción gestionado por la institución estatal, lo cual plantea un conflicto de interés latente ante la audiencia en curso.
Exigencias ante el Poder Judicial
La organización reclama un estándar de diligencia reforzado por parte del Poder Judicial en casos de violencia institucional contra menores bajo resguardo del Estado.
Los requerimientos presentados por Tejiendo Redes Infancia al juez de control incluyen:
- Evaluación de riesgos: considerar explícitamente la sustracción procesal, la presión sobre testigos, la protección política y el riesgo de revictimización.
- Valoración contextual: incorporar las recomendaciones de la CDHNL y la CNDH como elementos probatorios del entorno de vulnerabilidad.
- Derechos humanos: emitir una resolución que priorice los derechos de las víctimas y de las personas con discapacidad sobre cualquier formalismo técnico.
La organización concluye que el caso de Ángel Moreno persiste como una fractura en el sistema de protección a la niñez, exigiendo una rendición de cuentas efectiva que evite la impunidad de los responsables.
