Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La XVIII Legislatura del Congreso del Estado aprobó una reforma integral a la Ley del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo que ordena la renovación total de los cinco integrantes actuales del Comité de Participación Ciudadana (CPC), además de reducir los periodos de designación y ajustar el esquema presupuestal bajo criterios de austeridad.
El diputado Santiago Frías explicó que, una vez publicado el decreto, el Congreso tendrá un plazo de 30 días para designar a una nueva Comisión de Selección encargada de emitir la convocatoria para sustituir a los actuales integrantes del comité ciudadano.
La reforma establece que dicha Comisión de Selección permanecerá ahora tres años en funciones, en lugar de cinco, y será responsable de definir el proceso de relevo de los cinco integrantes del CPC.
De acuerdo con el nuevo esquema, los futuros integrantes serán nombrados de manera escalonada y permanecerán en el cargo por periodos que irán de uno a tres años, con el objetivo de garantizar la alternancia prevista en la ley.
El legislador detalló además que la modificación incorpora medidas de austeridad, por lo que el presupuesto anual del comité, que anteriormente ascendía a alrededor de 6 millones de pesos, será ajustado mediante un nuevo tabulador bajo el esquema de honorarios para los integrantes que sean designados.
En paralelo, el presidente del Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo, Josué Alberto Sosa, informó que actualmente se evalúan los posibles alcances jurídicos, administrativos y operativos que podría generar la reforma para el funcionamiento del organismo.
Indicó que el CPC se mantiene atento al desarrollo legislativo de la iniciativa, debido a que cualquier modificación relacionada con la integración del comité puede impactar en la continuidad de proyectos, mecanismos de seguimiento y procesos de participación ciudadana vinculados al Sistema Anticorrupción estatal.
“El CPC tiene como función principal servir de vínculo entre la sociedad civil y las autoridades encargadas del combate a la corrupción”, señaló, al considerar necesario que cualquier transición se realice con certeza institucional y de manera ordenada.
Josué Alberto Sosa no descartó que una eventual renovación total pueda generar impactos relacionados con la continuidad administrativa y el seguimiento de los trabajos actualmente en desarrollo dentro del organismo.
No obstante, aseguró que el comité continuará operando con normalidad mientras la reforma avanza en su proceso legislativo dentro del Congreso del Estado.
El presidente del CPC agregó que existe disposición para dialogar con los legisladores y aportar observaciones técnicas que permitan fortalecer el marco normativo sin afectar los mecanismos de vigilancia ciudadana y transparencia construidos en los últimos años.
Añadió finalmente que cualquier modificación legal debe priorizar la estabilidad institucional y preservar los avances alcanzados en materia de combate a la corrupción y rendición de cuentas en Quintana Roo.
