Redacción/CARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- Vecinos de la Región 91 protestaron para exigir soluciones a los problemas que, aseguran, ha provocado la empresa Aguakan en la zona, principalmente por la falta de mantenimiento al sistema de drenaje, las afectaciones a las vialidades y los incrementos en las tarifas del servicio de agua.
Durante la protesta desplegaron una manta dirigida a la gobernadora Mara Lezama, a la presidenta municipal Ana Paty Peralta, a la CAPA y a la propia concesionaria, en la que plantean tres demandas principales:
La revisión y mantenimiento urgente del drenaje sanitario, al señalar que estos trabajos no están contemplados por la empresa pese a las necesidades de la supermanzana 91.
Que Aguakan deje de romper las calles para realizar obras y posteriormente abandonarlas en malas condiciones, afectando vialidades que, afirman, han sido pavimentadas con recursos de los propios vecinos o del gobierno.
Reformar las leyes que (no) permitan los incrementos en las tarifas del agua, al considerar que actualmente los aumentos son arbitrarios e injustificados frente a la calidad del servicio que reciben.
Los inconformes señalaron que continuarán exigiendo una respuesta de las autoridades y de la concesionaria para atender las deficiencias en la infraestructura hidráulica y sanitaria de la zona.
Un conflicto que sigue en los tribunales
La protesta ocurre en medio del conflicto legal entre el Gobierno de Quintana Roo y Aguakan. En diciembre de 2023, el Congreso del Estado aprobó el Decreto 195, con el que revocó la ampliación de la concesión otorgada en 2014 y determinó que ésta concluyera el 31 de diciembre de ese año, al considerar que existieron irregularidades en su autorización.
Sin embargo, la empresa mantiene una defensa legal y obtuvo una suspensión definitiva mediante un juicio de amparo, por lo que continúa operando el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen, mientras los tribunales resuelven el fondo del litigio.
Aguakan ha sostenido que la cancelación de la concesión es improcedente, asegura que ha realizado inversiones importantes en infraestructura y argumenta que el Congreso estatal no tiene facultades para extinguir unilateralmente el contrato, por lo que mantiene su defensa jurídica.
