Redaccion
CANCÚN.– A poco más de un año de la implementación de la reforma al Poder Judicial, el nuevo modelo enfrenta otra prueba de inconformidad. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron este viernes un paro indefinido en la sede de la avenida Andrés Quintana Roo, en Cancún, en rechazo al esquema de evaluación de desempeño que consideran una amenaza para su estabilidad laboral, antigüedad y derechos adquiridos.
Desde las primeras horas del día, los empleados se concentraron frente al edificio y colocaron candados en los accesos para impedir las actividades ordinarias. La protesta evidencia que la transformación del sistema judicial no ha estado exenta de conflictos internos y que, además de modificar la estructura y los mecanismos de elección de juzgadores, también ha generado incertidumbre entre quienes sostienen diariamente la operación de los tribunales.
El principal cuestionamiento de los manifestantes es la falta de garantías sobre la imparcialidad de las evaluaciones. Acusan que quienes aplican los exámenes utilizan criterios propios, sin reglas suficientemente claras que aseguren una valoración objetiva de sus capacidades y conocimientos. Consideran que el procedimiento podría terminar afectando su trayectoria profesional y las condiciones laborales que han adquirido durante años de servicio.
En contraste, el órgano de administración judicial sostiene que las evaluaciones tienen un carácter exclusivamente diagnóstico y niega que su aplicación implique despidos o pérdida de plazas. Sin embargo, esta explicación no ha conseguido frenar la inconformidad, particularmente porque los trabajadores demandan certeza sobre los criterios, las consecuencias y las garantías de un proceso que consideran determinante para su futuro laboral.
El conflicto también vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que sigue sin respuesta suficiente: ¿de qué ha servido la reforma judicial para mejorar el acceso a la justicia, reducir los tiempos de resolución, combatir la corrupción y garantizar mejores servicios a la ciudadanía? La transformación institucional fue presentada como una solución a los problemas del sistema, pero sus resultados deben medirse más allá de los cambios administrativos, políticos y electorales.
La elección de juzgadores y la reorganización de las instituciones no representan, por sí mismas, una garantía de justicia más rápida, independiente o accesible. Para demostrar sus beneficios se requieren resultados verificables: menos rezago judicial, resoluciones oportunas, atención digna a los ciudadanos, transparencia y mejores condiciones para que los tribunales funcionen sin interrupciones.
En Quintana Roo, hasta este viernes, Cancún es la única sede donde se confirmó la suspensión de actividades. A nivel nacional, el paro también alcanzó instalaciones de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma, en la Ciudad de México, además de movilizaciones en otros 17 estados, entre ellos Yucatán, Chiapas, Veracruz, Puebla, Nuevo León, Michoacán y Estado de México.
La suspensión representa otra complicación para los usuarios del sistema judicial. Representantes del movimiento informaron a las personas que acudieron a la sede que los plazos legales, audiencias y expedientes quedarán en pausa hasta que se reanuden las actividades, por lo que las fechas no correrán en perjuicio de quienes tienen asuntos pendientes.
Mientras un grupo de dirigentes mantiene reuniones al interior de las instalaciones para definir las siguientes acciones y conocer los avances del diálogo con las autoridades, el paro deja al descubierto una contradicción que las instituciones deberán resolver: una reforma que promete transformar la justicia no puede considerarse exitosa si no garantiza condiciones para que el sistema opere, respete los derechos laborales y responda eficazmente a la ciudadanía.
El verdadero balance de la reforma no estará en cuántos cargos cambiaron de titular o cuántos funcionarios fueron electos, sino en si los ciudadanos reciben una justicia más pronta, imparcial, accesible y confiable.
