Dos semanas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara el envío de dos iniciativas de reforma para regular el uso del agua en el país, este 09 de octubre de 2025, los proyectos finalmente llegaron a la Cámara de Diputados. Estos buscan expedir una nueva Ley General de Aguas y reformar diversos aspectos de la Ley de Aguas Nacionales, configurando una reforma hídrica que busca revertir la visión mercantilista del recurso.
Las iniciativas: Un giro hacia la recuperación nacional del agua
La mandataria federal anunció el proyecto el pasado 24 de septiembre en su conferencia de prensa matutina, detallando la intención de aumentar las sanciones para delitos hídricos –incluyendo la extensión de dominio– y evitar la “mercantilización” del líquido que, según señaló, se gestó desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Fue hasta el 1º de octubre que Sheinbaum firmó las iniciativas de expedición de ambas normas. El propósito, definido por ella misma en su cuenta de la red social X, “es garantizar el derecho humano al agua” y recuperarla “como recurso de la nación”, así como eliminar “la visión del neoliberalismo del agua como mercancía”.
Entre los aspectos clave que se proponen en ambos documentos, se encuentran:
- Aumentar las sanciones por delitos hídricos.
- Establecer un fondo nacional de aguas.
- Acabar con el mercado negro de este recurso.
- Fortalecer la detección de usos irregulares del agua.
- Desaparecer el régimen de transmisiones de derechos del líquido entre particulares.
La nueva ley general de aguas: Acceso y sustentabilidad
La iniciativa de la Ley General de Aguas busca «delinear las acciones que deben asumir las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico». Asimismo, busca «sentar las bases y modalidades para el acceso cualitativo y sustentable de los recursos hídricos».
También se pretende fomentar la cultura del agua para generar conciencia sobre la importancia que tiene este recurso para la vida y la dignidad de las personas. La propuesta impulsa el uso racional y eficaz del líquido, y el reconocimiento de los sistemas comunitarios de aguas.
Cambios profundos a la ley de aguas nacionales: Control estatal y transparencia
En lo que se refiere a las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, la propuesta de Sheinbaum enfatiza que “el estado mexicano será el único responsable de regular el uso de agua” y busca “desaparecer el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares”.
La iniciativa recalca que “toda concesión de agua que no sea utilizada para los fines autorizados debe regresar a la Comisión Nacional del Agua para qué esta decida una mejor distribución y aprovechamiento de ese recurso”. Para tal efecto, se revisará que el agua se destine efectivamente al uso para el que se solicitó y fue concesionada.
Además, se indica que el Registro Público de Derechos de Agua transite hacia un Registro Nacional del Agua, “con el propósito de contar con una herramienta que favorezca el adecuado control y transparencia del régimen de concesiones y designaciones”.
También se modifican las reglas aplicables a la determinación del pago de la cuota de garantía, en aras de erradicar prácticas de acaparamiento “y que el agua llegue a quien realmente la necesita y use”. Se establecen reglas claras aplicables a las concesiones que se otorguen para uso agrario, “a fin de garantizar la soberanía alimentaria”.
De igual manera, se fortalece el procedimiento para detectar usos irregulares del agua y el incumplimiento de obligaciones, así como el régimen de sanciones para inhibir este tipo de conductas. Se incluye un catálogo de delitos hídricos, en complemento al esquema sancionador que ya existe al respecto.
Las iniciativas de reforma presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum buscan aumentar sanciones para delitos hídricos y evitar la “mercantilización” del vital líquido.
Otros debates legislativos en San Lázaro
Mientras San Lázaro procesa las iniciativas para regular el uso del agua y frenar delitos hídricos, otros frentes importantes marcan la agenda legislativa y judicial:
Rechazo de la SCJN a analizar exención del IVA para medicamentos herbolarios
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó analizar la exención del IVA para medicamentos herbolarios. El asunto dividió a los magistrados: el presidente Hugo Aguilar, así como Sara Irene Herrerías, Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero, votaron por atraer el caso. Sin embargo, se impuso la mayoría en contra con los votos de Lenia Batres, Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa, Irving Espinosa y María Estela Ríos.
Conversatorios sobre Ley de Amparo generan polémica en San Lázaro
Los conversatorios sobre la Ley de Amparo han generado polémica en San Lázaro, con la oposición alertando sobre un posible «albazo». Consultado al respecto, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró en conferencia de prensa que “no hay una actitud de sorprender a nadie” con las fechas y modalidad de los foros, pues él ya había hablado previamente con los coordinadores de los otros partidos sobre el tema.
La llegada de estas iniciativas al Congreso abre un nuevo capítulo en la política hídrica nacional. ¿Serán estas reformas suficientes para revertir décadas de mercantilización y asegurar el agua como un derecho para todos los mexicanos? El debate está abierto y sus implicaciones serán cruciales para el futuro del país.
