Redacción
CHETUMAL.- La acción de inconstitucionalidad promovida por el PRI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) busca defender los principios democráticos, la pluralidad política y la representación efectiva de la ciudadanía en los ayuntamientos, afirmó la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) de este formación política, Cora Amalia Castilla Madrid.
La dirigente explicó que el recurso presentado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) impugna diversas disposiciones de la reforma electoral aprobada por el Congreso local, al considerar que afectan la integración plural de los Cabildos.
Entre los aspectos cuestionados destaca la eliminación de la posibilidad de que las candidatas y candidatos a las presidencias municipales y sindicaturas que obtengan una votación significativa, aun sin resultar electos, puedan acceder a los ayuntamientos mediante el principio de representación proporcional.
«Esta reforma afecta la integración plural de los cabildos y limita la representación de miles de ciudadanos que, a través de su voto, respaldan opciones políticas distintas a la fuerza ganadora. La democracia no se trata únicamente de quién gana una elección, sino también de garantizar que todas las voces con respaldo ciudadano tengan espacios de participación y representación», afirmó.
Castilla Madrid sostuvo que ese mecanismo ha contribuido durante años al equilibrio democrático y al fortalecimiento de los gobiernos municipales, al permitir la presencia de distintas fuerzas políticas en los Cabildos.
Asimismo, consideró que la diversidad de opiniones y la existencia de contrapesos son elementos esenciales para una gestión pública más transparente, eficiente y cercana a la ciudadanía.
«Desde el PRI seguiremos utilizando todas las herramientas legales e institucionales a nuestro alcance para defender los derechos político-electorales de las y los quintanarroenses y para evitar cualquier retroceso que debilite nuestra democracia», subrayó.
El PRI expresó su confianza en que la Suprema Corte realizará un análisis apegado a los principios constitucionales para resolver la acción de inconstitucionalidad presentada contra la reforma electoral.
