La intensificación de las redadas migratorias en Los Ángeles ha sumido a miles de familias indocumentadas en una profunda crisis económica. La detención de jefes de familia, únicos proveedores en muchos hogares, deja a sus dependientes en la vulnerabilidad extrema, amenazando con un aumento significativo del número de personas sin hogar.
La fractura económica de las familias migrantes
A principios de julio, la vida de Martha, una mujer mexicana indocumentada de 39 años, dio un giro dramático cuando su marido fue detenido por La policía de inmigración cerca de Los Ángeles. Esta detención no solo la separó abruptamente del padre de sus dos hijas, sino que también eliminó el único ingreso que sustentaba su hogar. «Él es el pilar de la familia, (…) era el único que trabajaba», relata Martha, quien prefiere hablar bajo seudónimo debido a su situación. La ausencia de su esposo la ha dejado sola para mantener a sus hijas, de seis y siete años, en una de las regiones con los precios de vivienda más prohibitivos de Estados Unidos.
El apartamento de 65 metros cuadrados de Martha en Buena Park, un suburbio de la megalópolis californiana, asciende a 2 mil 50 dólares mensuales. Para subsistir, Martha ha encontrado un trabajo nocturno con salario mínimo en una fábrica. Sin embargo, este ingreso es apenas suficiente para mantenerse a flote y no logra cubrir todas sus obligaciones. «Tengo que pagar el seguro del carro, el teléfono, la renta y los gastos de ellas», enumera, señalando los útiles que sus hijas necesitan para el nuevo año escolar. «Son muchos gastos». La mujer lucha con apenas tres horas de sueño tras cada jornada, lo que la deja en una situación límite.
La «tormenta» migratoria en Los Ángeles
La situación de Martha es un reflejo de la desestabilización que vive Los Ángeles, donde un tercio de la población es inmigrante. La ciudad ha sido testigo de una intensificación de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde junio. Agentes enmascarados han irrumpido en ferreterías, lavaderos de coches y paradas de autobús. Como resultado, más de 2 mil 200 personas fueron arrestadas en junio, de las cuales el 60 por ciento no tenían antecedentes penales, según documentos internos del ICE analizados.
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Andrea González, subdirectora del Centro de Trabajadores de Lavaderos de Autos CLEAN, explica que esta ofensiva antiinmigración del presidente Donald Trump afecta duramente a los trabajadores latinos, quienes ya se encontraban entre las primeras víctimas de la crisis de vivienda en la región. «Se avecina una tormenta mayor. No se trata solo de las personas detenidas, sino también de las que permanecen libres», advierte González, de 36 años, resumiendo la preocupación generalizada de que la gente termine en la calle.
Esfuerzos de apoyo y sus limitaciones
La organización CLEAN asiste a más de 300 hogares que atraviesan dificultades económicas severas, ya sea por el arresto de un miembro o por el miedo que les impide volver al trabajo. El grupo ha destinado más de 30 mil dólares para ayudar a unas 20 familias a pagar el alquiler, pero la tarea de cubrir las necesidades de todos es «insostenible» dada la magnitud del problema.
Ante este panorama, los líderes locales demócratas están buscando establecer ayudas financieras para las familias afectadas. El condado de Los Ángeles planea crear un fondo específico, mientras que la ciudad lanzará el suyo propio, financiado con fondos filantrópicos para evitar el dinero de los contribuyentes. La alcaldesa Karen Bass aseguró a mediados de julio que algunas familias podrían beneficiarse de tarjetas con «unos pocos cientos» de dólares.
Un llamado a medidas más contundentes
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Sin embargo, para Andrea González, estas iniciativas son insuficientes. Las cantidades mencionadas a menudo no alcanzan ni el «10 por ciento del alquiler de una familia», señala la activista. Ella argumenta que la región debería establecer una «moratoria a los desalojos», una medida implementada durante la pandemia para proteger a los inquilinos. De no ser así, el número de personas sin hogar en Los Ángeles, que actualmente es de 72 mil, corre el riesgo de volver a aumentar tras dos años de ligero descenso. «Lo que estamos viviendo ahora mismo es una emergencia», advierte González.
Una moratoria a los desalojos sería un alivio para personas como María Martínez. El esposo indocumentado de esta mujer estadunidense de 59 años fue arrestado en un lavadero de autos a mediados de junio en Pomona, otro suburbio al este de Los Ángeles. Desde entonces, María ha tenido que depender de la ayuda de sus hijos para cubrir su alquiler de mil 800 dólares, una suma que su subsidio por discapacidad de mil dólares no alcanza a cubrir. «Es estresante», lamenta. «Apenas sobrevivimos».
