Matilde Zamora/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- Aunque no forma parte de la Comisión de Medio Ambiente en la XVI Legislatura del congreso de Quintana Roo, el diputado Gustavo Miranda García del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se ausento del poder legislativo de Quintana Roo, para ir a la Cumbre de Naciones Unidas COP26 en Glasgow, Escocia.
Miranda García es parte de la delegación que dice representar a Quintana Roo en la COP 26, aunque en su calidad de legislador local nunca ha promovido una sola iniciativa en favor del medio ambiente.
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Ni tampoco se ha pronunciado a favor de grupos ambientalistas que en este 2021, han denunciado por los menos cinco desarrollos hoteleros señalados de ecocidas por construir en predios colindantes a las Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo.
Como la construcción del Hotel Riviera Cancún de Grupo RIU en Punta Nizuc, las obras de Grupo Posadas en un predio colindante a la Reserva Natural Xcacel- Xcacelito, o las obras del proyecto Sol Selva de Grupo Xcaret en la Biosfera del Caribe Mexicano y el cuál es señalado de poner en peligro los arrecifes sábados y tortugas.
Sin embargo eso no impidió que el diputado presumiera en Instagram, y Facebook algunas historias de su viaje, del cual no dejó claro, cuáles serían sus actividades institucionales en la cumbre, donde líderes mundiales y expertos discuten acuerdos internacionales en materia de cambio climático.
El objetivo principal de los acuerdos en la COP26 es asegurar cero emisiones en todo el mundo para mediados de este siglo y mantener la temperatura mundial en 1.5 grados centígrados.
Bajar hasta 30% los índices de metano al final de esta década, poner fin a la deforestación y eliminar la energía del carbón.
LOS PENDIENTES DEL CONGRESO CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
Mientras Miranda García permanece en Europa, la Auditoría Superior de la Federación notificó al Congreso del Estado para que atienda las observaciones por 8.2 millones de pesos en su presupuesto de 2020.
Cuando Miranda García se encontraba al frente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso.
La ASF notificó al Órgano Interno de Control del poder legislativo para que investigue porque los diputados aprobaron en 2020 para el capítulo 1000, donde están sueldos y compensaciones, 313.8 millones de pesos, casi 23 millones de pesos más que en 2019.
Esto representa 8.2 millones de pesos más de lo que permite la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
