Agencias
PLAYA DEL CARMEN.- Un grupo de compradores de departamentos se manifestó este jueves a las afueras del hotel donde se llevaría a cabo la reunión mensual de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), para denunciar un presunto fraude inmobiliario relacionado con el proyecto SUUT, cuya reactivación sería presentada públicamente.
Los inconformes, que aseguran ser más de 50 afectados, señalaron que adquirieron unidades desde 2022, realizaron pagos completos y firmaron contratos, sin embargo, la obra se detuvo y, posteriormente, las propiedades habrían sido transferidas a un tercero sin respetar los acuerdos originales.
Uno de los afectados, Luis Andocilla, de origen canadiense, relató que él y su esposa compraron dos departamentos como parte de su plan de retiro en México.
“Pagamos los departamentos con la ilusión de comenzar una nueva etapa. Hoy perdimos nuestros ahorros, dos propiedades y años de trabajo”, expresó.
De acuerdo con los denunciantes, tras la suspensión de la obra en 2024, se enteraron de adeudos del desarrollador con una financiera, lo que derivó en disputas legales.
Andocilla indicó que, tras interponer una demanda, obtuvieron una resolución favorable que les permitió iniciar un proceso de embargo, pero posteriormente detectaron que las unidades habían sido transferidas a la financiera como parte de un pago, lo que, afirman, ignoró los contratos previamente firmados.
Además, señalaron posibles irregularidades en el Registro Público de la Propiedad.
“Nos preguntamos cómo se permitió un segundo aviso preventivo sin existir un primero. Según nuestro abogado, esto fue fraudulento”, afirmó.
La manifestación se realizó en el contexto del anuncio de reactivación del proyecto SUUT, programado para este 16 de abril, lo que generó inconformidad entre los compradores.
Los afectados cuestionaron que el proyecto pueda retomarse pese a los conflictos legales en curso.
Asimismo, indicaron que autoridades estatales, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), no estaban enteradas formalmente del caso, aunque ya iniciaron una revisión interna.
Los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades estatales para intervenir en el caso y evitar que más personas resulten afectadas.
“Queremos justicia y prevenir que otros compradores pasen por lo mismo”, señalaron.
También solicitaron que se revisen posibles responsabilidades de funcionarios o instituciones involucradas.
SIM
