La administración federal confirmó que el vertido de hidrocarburos en el Golfo de México provino de un oleoducto de Petróleos Mexicanos en Cantarell, contradiciendo versiones previas. Como consecuencia, tres funcionarios fueron separados de sus cargos y denunciados ante la Fiscalía General de la República por ocultamiento de información.
Hallazgos del Grupo Interinstitucional sobre el origen del vertido
Tras semanas de atribuciones a fenómenos naturales y embarcaciones externas, el Grupo Interinstitucional encargado de la investigación ratificó la existencia de una fuga de hidrocarburos en las inmediaciones de la plataforma Abkatún Cantarell. La evidencia técnica desmiente la narrativa inicial que señalaba a las «chapopoteras» naturales y a barcos como los responsables de la contaminación que afectó las costas de Veracruz y Tabasco.
El director de Pemex, Víctor Rodríguez, precisó que la falla se localizó específicamente en un oleoducto de 36 pulgadas situado en el activo Abkatún-Pol-Chuc. Este sistema de transporte atraviesa una zona de alta densidad de infraestructuras que conecta diversos yacimientos en la región. La investigación reveló que las áreas operativas de la paraestatal negaron sistemáticamente la existencia de esta fuga, a pesar de los indicios visibles desde marzo.
Funcionarios separados y proceso legal en curso
La gravedad de los hechos derivó en la remoción inmediata de tres servidores públicos con presunta responsabilidad en el manejo y reporte del incidente. Los cargos afectados corresponden a posiciones estratégicas dentro de la estructura de supervisión de la empresa estatal:
- Subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
- Coordinador de Control Marino.
- Líder de Derrames y Residuos.
Estas separaciones del cargo ocurren mientras la Fiscalía General de la República (FGR) procesa la denuncia interpuesta por el propio Grupo Interinstitucional. El bloque de dependencias involucradas, que incluye a Marina, Semarnat, Sener y Profepa, sostiene que estos mandos podrían estar vinculados directamente con el ocultamiento de la contingencia y la falta de protocolos de respuesta inmediata.
Análisis de las anomalías técnicas y operativas detectadas
El peritaje del Grupo Interinstitucional expuso una serie de irregularidades que comprometen la transparencia operativa de Pemex. Se identificó una pérdida crítica de integridad mecánica en el ducto; sin embargo, las labores de reparación realizadas en el sitio no fueron notificadas a la Dirección General ni a los mandos superiores de la institución.
Existe una coincidencia exacta entre el punto de falla del oleoducto y el origen de la mancha de aceite detectada mediante análisis satelital por la comunidad científica. Además, se documentó el ocultamiento de 350 m3 de agua oleosa que había sido recuperada mediante barreras de contención. La narrativa oficial que inicialmente calificó el evento como un simple «lagrimeo» se vio fracturada por el despliegue real de 11 embarcaciones destinadas a la recuperación y dispersión del crudo.
La gestión de la válvula principal también fue señalada como una falla operativa grave. El flujo de hidrocarburos no se cortó de forma total al momento de la detección; el cierre definitivo ocurrió el 14 de febrero, ocho días después de que se identificara la fuga, lo que incrementó significativamente la magnitud del daño ambiental. Irónicamente, el 6 de febrero, la Subdirección de Seguridad ya había solicitado al CICESE simulaciones numéricas sobre la dispersión del crudo y su llegada a las playas, confirmando que existía conocimiento interno del desastre antes de su admisión pública.
Postura presidencial y el conflicto con datos satelitales
El reconocimiento del origen del derrame contrasta con las declaraciones emitidas por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 31 de marzo. En aquella instancia, la mandataria defendió la integridad de las instalaciones de Pemex y sostuvo la hipótesis de las emanaciones naturales como causa probable, asegurando que no se habían reportado fugas tras las revisiones iniciales.
En contraparte, organizaciones ambientalistas habían alertado desde inicios de febrero sobre manchas de hidrocarburo frente a las costas de Campeche, localizadas sobre un ducto activo que vincula la plataforma Akal C con la Terminal Marítima Dos Bocas. La sociedad civil calificó el manejo de la información como una crisis de transparencia, señalando que las autoridades omitieron los lineamientos del Plan Nacional de Contingencia (PNC) a pesar de conocer la situación con antelación.
Estado actual de las zonas costeras y respuesta institucional
A pesar de la admisión de la fuga, el gobierno federal sostiene que el impacto ambiental no se considera severo y que las playas de Veracruz y Tabasco se encuentran actualmente limpias y seguras para el uso público. Las autoridades intentan mitigar la percepción de emergencia, mientras la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) continúa con las inspecciones técnicas para deslindar responsabilidades finales.
La controversia persiste respecto a las fechas de activación de los protocolos. Mientras que el discurso oficial marca el 2 de marzo como el inicio de la respuesta en Coatzacoalcos, los registros satelitales y las denuncias de 14 organizaciones ambientales sitúan el inicio del vertido un mes antes, lo que sugiere una brecha considerable en la vigilancia y reacción ante desastres industriales en el sector energético.
