El Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 proyecta fracturamiento hidráulico en 17 municipios de la Huasteca potosina. Esta técnica compromete a 367 comunidades indígenas y más de 1,500 cuerpos de agua, reactivando la oposición social.
Plan Pemex 2025-2035: Riesgo para Huasteca Potosina
La estrategia de Pemex contempla fracturamiento hidráulico en 17 municipios de la cuenca Tampico-Misantla, amenazando la integridad de 367 comunidades indígenas y la sustentabilidad hídrica regional.
El Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 proyecta trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos mediante la técnica de fracturamiento hidráulico, conocido como fracking, en 17 municipios de la Huasteca potosina. Esta iniciativa, publicada en agosto de 2025, expone a impactos severos a:
- 367 comunidades indígenas: Poblaciones en condiciones de pobreza, con un tejido social vulnerable.
- 200 cuerpos de agua perennes: Recursos hídricos vitales para la región.
- 1,306 cuerpos de agua intermitentes: Fuentes de agua que se activarían con la explotación.
Cada pozo de fracking puede consumir hasta 29 millones de litros de agua anuales, mezclados con más de 600 químicos, muchos de ellos tóxicos.
Movilización social: Resistencia al fracturamiento hidráulico
La publicación del plan reactivó el movimiento social 2014-2018, con organizaciones civiles y líderes comunitarios impulsando acciones de incidencia y una reforma legislativa prohibitoria.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con sus declaraciones y acciones recientes, ha dinamitado el movimiento social que ya se había opuesto a esta técnica entre 2014 y 2018. Las preocupaciones de la sociedad civil se centran en los siguientes impactos:
- Territorio: Alteración y daño irreversible del suelo.
- Agua: Contaminación y sobreexplotación de las fuentes hídricas.
- Salud: Desarrollo de enfermedades como alergias, cáncer y daños al sistema nervioso.
- Actividades productivas: Afectaciones a la agricultura y ganadería local.
- Tejido social: Desintegración y conflictos comunitarios.
En los últimos meses, la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina (CAAHP), junto a otras organizaciones, activistas y líderes comunitarios, ha organizado foros para impedir la exploración y extracción mediante fracking. Un objetivo central es que el Poder Legislativo federal apruebe una iniciativa de reforma que prohíba esta técnica. El 22 de abril, el 4º Foro ¡No al fracking! En defensa del territorio, el agua y la vida se celebró en el Congreso de San Luis Potosí. Cenorina Bernal Férnandez, representante tének del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, destacó en el foro la dependencia de pozos de agua en comunidades sin red de agua potable.
Conagua: Inviabilidad hídrica y de suelo para el fracking
El delegado de Conagua en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo, enfatizó la escasez de agua y la inadecuación del suelo como barreras insuperables para el fracking.
Darío Fernando González Castillo, delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, afirmó que “no hay fracking ecológico” y descartó la concesión de agua para esta técnica en el estado. El funcionario federal fundamentó la inviabilidad en dos factores críticos: la insuficiencia de recursos hídricos y la incompatibilidad del tipo de suelo. Recordó que Ciudad Valles experimentó dos períodos de sequía en 2024, llevando al secado de la cascada de Tamul. Pese a que Conagua no es el órgano facultado para prohibir el fracking, sí administra las concesiones para la extracción y uso del agua.
Presidencia: Debate sobre un fracking «sostenible»
La presidenta Sheinbaum conformó un grupo de 17 académicos para evaluar nuevas tecnologías y la viabilidad del fracking, aunque el diagnóstico prometido sigue pendiente.
A mediados de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la formación de un grupo de 17 científicos y académicos especializados en tratamiento de agua, geología, petróleo e impactos ambientales. El objetivo del grupo es determinar la existencia de nuevas tecnologías para la explotación de gas no convencional y la viabilidad de su aplicación. La mandataria aseguró que, tras dos meses, el diagnóstico se presentaría para decidir, en conjunto con las comunidades, sobre el uso del fracking. Este plazo ha concluido sin la publicación del diagnóstico.
Impactos: Quiebre ambiental y social del fracturamiento
Investigadores y organizaciones confirman que el fracking consume hasta 29 millones de litros de agua por pozo, mezclados con más de 600 químicos tóxicos sin reversión de impactos.
El doctor Germán Santacruz de León, investigador del Colegio de San Luis (Colsan), sostiene que el grupo de expertos concluirá que el fracking genera importantes impactos ambientales y sociales. Aunque existen investigaciones sobre la mitigación de impactos, hasta la fecha no se han hallado métodos para revertirlos. La Alianza Mexicana contra el Fracking detalla en su sitio web los siguientes impactos documentados:
- Sobreexplotación hídrica: Demanda excesiva de agua para los procesos.
- Contaminación de fuentes de agua: Compromiso del agua para consumo humano.
- Impactos en la salud: Desarrollo de alergias, cáncer, daños al sistema nervioso.
- Cambio climático: Contribución al calentamiento global.
- Actividad sísmica: Posibilidad de provocar temblores por la fracturación del subsuelo.
Activistas: Señalamientos y vulnerabilidad en la lucha
Activistas denuncian ser blanco de ataques y señalamientos como «opositores políticos» por parte de instituciones federales, comprometiendo su seguridad y autonomía.
Edith Cruz Santos Gómez, del municipio de San Antonio, ha denunciado que los participantes en el movimiento contra el fracking en la Huasteca potosina han sido señalados como opositores a la corriente política del gobierno federal. Esta situación, ha declarado, pone en riesgo su seguridad. La activista ha señalado ataques del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y personal de la Secretaría del Bienestar, incluyendo a los Servidores de la Nación, quienes han desacreditado su discurso. Hermelinda Vázquez, consejera nacional de pueblos indígenas y representante de los municipios de la Huasteca sur, ha expresado preocupación sobre la posible estrategia de distracción del gobierno federal, que podría presentar los resultados del grupo de expertos durante el Mundial de Fútbol en México, Canadá y Estados Unidos.
Gobierno local: Postura dispar y llamado a la acción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona descarta una amenaza a corto plazo, mientras legisladores y organizaciones impulsan un exhorto para prohibir el fracking a nivel federal.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona declaró el 21 de abril que “no hay ninguna amenaza en el corto plazo” para la extracción de hidrocarburos mediante fracking en San Luis Potosí. Esta postura ha generado recelo entre los activistas. Rogel del Rosal, integrante de la CAAHP, considera que el gobierno estatal requiere asesoría y debería adoptar un papel más protagónico en pro de la prohibición del fracking, manifestándose públicamente junto al Poder Legislativo.
Acciones legislativas: Exhorto por la prohibición del fracking
Diputados morenistas, junto a organizaciones, presentaron un punto de acuerdo para que el Congreso local exhorte a la Cámara de Diputados federal a prohibir el fracking.
En el foro estatal, se criticó la ausencia de diputados del Partido Verde Ecologista de México, especialmente aquellos que representan distritos en la Huasteca. Por otro lado, la diputada morenista Nancy Jeanine García, junto a la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina (CAAHP), el Grupo Promotor de la Contraloría Autónoma del Agua de San Luis Potosí (CAASLP), el Consejo Hídrico Estatal de San Luis Potosí (CHE) y Kichaj AC, presentaron un punto de acuerdo. Este documento busca que el Congreso local exhorte a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a dictaminar favorablemente la iniciativa de reforma constitucional publicada el 19 de noviembre de 2025 en la Gaceta Parlamentaria, que prohíbe el fracking. Adicionalmente, activistas buscan que los alcaldes de los municipios afectados convoquen sesiones de Cabildo para emitir actas donde se asiente la negativa a entregar permisos de cambio de uso de suelo. Hasta abril de este año, al menos cuatro alcaldes habían mostrado disposición.
