Por Gilberto Avilez Tax
A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, fueron múltiples los intentos de los gobiernos yucatecos para intentar la “pacificación” de los de Santa Cruz. Estos intentos iban desde actos fallidos por apropiarse de la capital indígena, así como infructuosos tratados de paz y hasta el olvido aparente de que más allá de las líneas de defensa de Peto, de Tekax o de Valladolid, había una sociedad maya en resistencia que defendía con fiereza su territorio. Los cruzoob, como ya lo han señalado innumerables veces los que han tocado la historia fascinante de esta sociedad autónoma del oriente de la Península, contaban con un elemento indispensable para la guerra: las relaciones comerciales con Honduras Británica, que le facilitaba armas, municiones y elementos de la vida diaria. Desde que, con el triunfo de los liberales mexicanos en 1867, Juárez rompiera relaciones con Gran Bretaña porque los ingleses reconocieron al Segundo Imperio, no se pudo llevar a cabo la resolución del problema de la frontera entre Belice y México.
Los ingleses seguirían dándoles armas a los cruzoob a cambio de la renta de terrenos que los propios mayas rebeldes hacían de su territorio “rico en tintales y maderas finas” a los súbditos de Su Majestad Británica de la parte sur del Río Hondo, aparte de que estos últimos contribuían a la mano de obra requerida por los ingleses;[1] y la guerra latente, o los ataques a la frontera del Sur y del Oriente yucateco (Partidos de Peto y Valladolid), seguiría hasta 1879, fecha que marca un declive progresivo de los ataques a la frontera,[2] aunque la frontera interior subsistiría hasta finalizado el siglo. Pero a pesar de este silenciamiento de los budbitzones de los mayas rebeldes de 1879 en adelante (que sólo fue interrumpido con el último ataque a la frontera yucateca, en 1886), sin duda la autonomía de ellos, y la defensa de su territorialidad, harían de las fronteras del sur un espacio del “miedo”, de temor y de aislamiento previo al ferrocarril de 1900, y con una sociedad precaria donde el capital sólo se reactivaría a partir de 1890. Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XIX, las incursiones de los de Santa Cruz en alguna ranchería o pueblo de la frontera, disparaba inmediatamente las alarmas meridanas: se clamaba contra la “barbarie”, surgían sociedades en defensa de la patria, se exigía la intervención del ejército, se reclutaban forzosamente a ciudadanos en la guardia nacional, y el gobierno aumentaba los impuestos al comercio para financiar la guerra. Después del ataque que las tropas de Aniceto Dzul hicieran al pueblo de Tixhualatún y al desolado Dzonotchel el 6 de febrero de 1886, el vicepresidente de la Sociedad Patriótica Yucateca, Néstor Rubio Alpuche, suplicó a los legisladores que se mandara dos o tres mil tropas para recuperar Bacalar y convertirla en un puerto de altura y para derrotar de una vez por todas a esa “bárbara raza maya” del sureste de la Península, y acto seguido otorgar franquicias especiales a los extranjeros que quisieran colonizar las tierras feraces de los indios rebeldes. Aquella vez no se le hizo caso al “patriota” Rubio Alpuche. Sin embargo, tuvieron que pasar una coyuntura económica –los bajos precios del henequén de 1890, que forzaron a los oligarcas yucatecos el querer apropiarse de tierras orientales y meridionales de la península- y geopolítica (el deseo de impedir que los ingleses siguieran avanzando más allá del norte del Hondo), para que la asamblea legislativa de Yucatán pidiera a Porfirio Díaz en 1892 reanudar las discusiones con Inglaterra sobre los tratados de límites.[3] Entre las razones que alegaban a don Porfirio, se hacía alusión a la riqueza forestal del territorio de Chan Santa Cruz, a la obra “civilizadora” que se podría hacer en esas comarcas de “ignorancia y salvajismo”, al cese de la “situación de intranquilidad” en los Partidos fronterizos, así como a la colonización de esos territorios indios.[4]
Recordemos que las negociaciones para delimitar la frontera con Belice habían comenzado cuando el gobierno de Díaz reanudó relaciones diplomáticas con el gobierno de Inglaterra en 1884, tendiente a llegar a un acuerdo respecto a la deuda mexicana con ese país.[5] El tratado de límites entre Inglaterra y México, conocido como Mariscal-St. John, fue fijado el 8 de julio de 1893, ratificándose en 1897, y esto sería el preludio de un aislamiento bélico de Santa Cruz por parte de su antigua distribuidora de armas y pólvora, y desencadenaría una serie de movimientos militares a ras de tierra y mar, del Ejército y la incipiente Marina porfiriana. Mientras que los británicos salieron de la mesa de negociaciones con un reconocimiento tácito de su soberanía sobre Belice, y unas fronteras muy generosas, el artículo 2º de ese tratado estipulaba que Gran Bretaña cooperase para combatir el tráfico de armas que desde Belice llegaban a los cruzoob. También se acordó que el Ministerio Británico de Asuntos Exteriores proporcionaría a México información, apoyo y mayor presencia naval durante la campaña militar que se iniciaría.[6]
Wells y Joseph apuntan que, según documentos de la Oficina de Archivo Coloniales, “los británicos participaron activamente en la planeación y la dirección de la campaña y se hicieron cargo de que los cruzoob no encontrasen asilo fácil en Belice”.[7] Al firmarse los tratados de límites entre México e Inglaterra en 1893, los comerciantes de Belice fueron reacios al principio, pensando que se les perdería el mercado de las armas que tenían con Santa Cruz, y la colonia del norte de Belice –yucatecos en su mayoría- tenía el temor de una incursión de estos últimos. Pero conforme el tiempo fue pasando y no hubo una invasión, la situación se fue tranquilizando, y los comerciantes beliceños –yucatecos e ingleses- vieron que con una presencia del Estado mexicano en la región que controlaban los de Santa Cruz, habría una estabilidad mucho mayor, así como la ampliación del mercado al penetrar México en la región.[8] Al final de esa larga gesta autonómica iniciada en 1847, los cruzoob se habían quedado literalmente solos, ya que los anhelos de “paz” para repartir mejor el botín forestal, habían permeado tanto en México como en Belice, pues unos, instigados por las oligarquías regionales y nacionales, querían traer para sí el rico territorio de los mayas rebeldes, y otros deseaban concluir los “tratos comerciales irregulares” con los hijos de la Cruz Parlante.[9]
[1] Cfr. Hübbe, 1940. Lapointe (1997: 198, 199) apuntaba que “Chan Santa Cruz constituía el amparo ideal
que favorecía la tala de madera para los beliceños en Yucatán y suministraba la mano de obra que fomentaba la agricultura en la colonia”.
[2] Lapointe, 1997: 207.
[3] Lapointe, 1997: 209.
[4] “La legislatura del Estado de Yucatán solicita una intervención eficaz del Ejecutivo Federal para poner fin
al estado caótico de la Guerra de Castas”. 28 de septiembre de 1892, en Lorena Careaga, (1998). Recopilación de textos. Lecturas básicas para la historia de Quintana Roo. Tomo IV. La Guerra de
Castas, Chetumal, p. 101.
[5] Lapointe, 1997: 206, 207.
[6] Wells y Joseph: 2011: 86.
[7] Wells y Joseph: 2011: 86.
[8] Vallarta Vélez, 2001: 346.
[9] Macías Richard, 1997: 49.
