Por Leslie Gordillo
CANCÚN.- Cada vez son más cámaras empresariales las que externan su rechazo al paquete fiscal 2027, por considerar que las crecientes cargas tributarias perjudican la operatividad de los negocios y cada una exige revisiones antes de su aprobación.
Al Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE), se ha sumado también la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Cancún y la Asociación de Mujeres Empresarias, quienes buscan tener voz en el debate federal, cuyos dirigentes advierten que la presión fiscal representa un reto complejo para la supervivencia y el desarrollo de las empresas, por lo que incluso plantean ya una coordinación que busca evaluar de forma rigurosa el impacto jurídico y financiero de las reformas para unir los pronunciamientos..
«Como parte de nuestros estatutos sí es que todas nuestras asociadas estén perfectamente en regla en esta partefiscal y sí estamos cerca de los colegios de contadores, de Coparmex, del CCE, tenemos una silla en el CCE y ahí estamos analizando todos estos cambios que se vienen a nivel fiscal y de cualquier tipo de ley que se esté modificando, sí nos sumamos a los pronunciamientos una vez que se analiza con nuestra parte legal», declaró Deniss Montiel, presidenta de AMEXME.
A esto se suma la transición generacional en los negocios, los cuales enfrentan hoy un entorno normativo mucho más exigente; por ello, los gremios reiteraron la necesidad de alzar la voz frente a las medidas que perjudiquen al sector.
«Esta transición pues sí toma su tiempo, pero hay muchos profesionales que impulsan y ayudan justamente en esta transición para hacer un esquema conveniente y que puedan salir avante. Sí hay muchos retos, definitivamente hay muchos retos, pero estamos aquí para superarlos y también para alzar la voz en en donde sentimos que pues sí nos perjudica», puntualizó.
Asimismo, desde la la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios en Quintana Roo (ADIQ), su presidente Miguel Ángel Lemus, opinó específicamente sobre los cambios en las normas antilavado, que serían necesarias otras reformas que de verdad permitan combatir los fraudes.
Las modificaciones tendrán un enfoque directo hacia los inmoibiliarios y y en donde tanto el agente inmobiliario, como el desarrollador deben de estar en corresponsabilidad.
«Se deben de empezar a evitar los agentes inmobiliarios que no están preparados y no tienen certificado. Lo mismo con esto de la ley de antilavado de dinero, creo que toda la sociedad en su conjunto tiende a buscar la certeza jurídica y evitar los malos entendidos y los fraudes», finalizó.
