La licencia de Rubén Rocha Moya resulta insuficiente para mitigar la emergencia de seguridad en Sinaloa tras los señalamientos judiciales en Estados Unidos. El Partido Acción Nacional sostiene que la separación del cargo no desarticula la crisis de violencia, demandando la intervención inmediata del Senado para restablecer el orden constitucional mediante la desaparición de poderes en la entidad.
La insuficiencia de la licencia frente a la gravedad delictiva
Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, determinó que la renuncia temporal de Rubén Rocha Moya al gobierno estatal es una respuesta administrativa que no alcanza a cubrir la magnitud del conflicto. Las acusaciones formales presentadas el pasado 29 de abril por autoridades judiciales de Nueva York contra el sinaloense y otros funcionarios por delitos vinculados al narcotráfico, confirman un escenario advertido durante años. Esta situación adquiere ahora una dimensión institucional que sobrepasa la simple corrupción, apuntando a una distorsión profunda del sistema democrático mediante la presunta participación de grupos criminales en la estructura de gobierno.
Intervención criminal en el proceso democrático de 2021
Uno de los ejes más críticos de la denuncia panista reside en la posible injerencia de la delincuencia organizada durante las elecciones estatales de 2021, periodo en el que Rocha Moya obtuvo la victoria bajo las siglas de Morena. El liderazgo de Acción Nacional subraya que las investigaciones internacionales plantean dudas razonables sobre la legitimidad de dicho proceso electoral. Ante este panorama, el Senado de la República tiene la obligación de evaluar la desaparición de poderes como el mecanismo constitucional idóneo para enfrentar situaciones extraordinarias donde la autoridad local ha sido rebasada o comprometida.
- Evidencia externa: Resulta alarmante que indagatorias de este calibre se originen en tribunales extranjeros antes que en las instituciones de procuración de justicia mexicanas.
- Sospecha funcional: El Estado no puede permitir que los responsables de combatir al crimen organizado operen bajo sospecha de mantener vínculos directos con las organizaciones que deben perseguir.
- Falta de contundencia: La licencia del exmandatario no constituye una solución mientras no se implementen medidas frontales para desarticular la operatividad de los grupos delictivos que mantienen en vilo a las familias sinaloenses.
🚨Insistimos en la desaparición de poderes en Sinaloa, por el bien de las familias sinaloenses. pic.twitter.com/AHCHDJ2XQh
— Acción Nacional (@AccionNacional) May 3, 2026
Desaparición de poderes como ruta hacia el Estado de Derecho
La insistencia del PAN en la desaparición de poderes no se presenta como una medida extrema, sino como una respuesta técnica necesaria ante la erosión de las autoridades locales. La crisis de inseguridad en Sinaloa demanda una reingeniería que devuelva condiciones de vida dignas a la ciudadanía, alejadas de la supuesta transformación que el partido opositor califica como destructiva para el bienestar y la integridad nacional.
La defensa del Estado de Derecho y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para garantizar que el gobierno trabaje en favor de la sociedad y no de los intereses criminales. La postura de Acción Nacional se mantiene firme en que Sinaloa requiere una administración que priorice la seguridad ciudadana y la transparencia, señalando que la actual situación representa una afrenta directa a la soberanía y la paz de la región.
