El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, exigió que Morena asuma su responsabilidad política por la crisis en el Instituto Nacional Electoral (INE), anunciando una contrarreforma para revocar las facultades administrativas extraordinarias otorgadas a Guadalupe Taddei.
La disputa por la responsabilidad política tras la renuncia
El dirigente panista rechazó el intento de la administración federal de desviar la atención hacia la gestión de Lorenzo Córdova, recordando el respaldo público que el obradorismo brindó a Guadalupe Taddei en 2023.
El pronunciamiento emitido el 1 de noviembre de 2026 surge en respuesta a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien eludió la responsabilidad de Morena en la crisis del organismo y solicitó extender las indagatorias hacia el periodo de Lorenzo Córdova (2014-2023).
Frente a esta postura, el Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que el bloque oficialista no puede desvincularse de la exconsejera presidenta. El dirigente nacional recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador celebró públicamente su nombramiento en 2023 y reconoció vínculos de cercanía con la familia de Taddei. Aunque la funcionaria llegó al cargo mediante un proceso de insaculación en la Cámara de Diputados, el instituto político cuestionó los vínculos familiares y el respaldo político sistemático del oficialismo.
- Rechazo a indagatorias selectivas: El PAN argumenta que el señalamiento a administraciones pasadas busca diluir la responsabilidad de los nombramientos y modificaciones legales operados por la mayoría parlamentaria de la autodenominada Cuarta Transformación.
- Cronología de la confrontación: Las fricciones escalaron tras la denuncia presentada por Acción Nacional el 27 de octubre ante la Fiscalía General de la República (FGR) por seis presuntos delitos federales.
El quiebre institucional y la concentración de poder administrativo
Acción Nacional impulsa revertir la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de 2024 para restablecer la votación calificada de ocho consejeros en los nombramientos clave.
El eje central de la disputa radica en la modificación aprobada en octubre de 2024 por Morena y sus aliados a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Mediante la modificación del artículo 45, se confirieron facultades directas a la presidencia del INE para designar titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas sin la aprobación del Consejo General.
Hasta esa reforma, dichos nombramientos exigían una mayoría calificada de al menos ocho de los once integrantes del órgano de dirección. La modificación centralizó las decisiones administrativas en la presidencia, desatando controversias constitucionales interpuestas por consejeros electorales.
| Elemento Normativo | Régimen Previo (2014-2024) | Régimen Actual (Modificación 2024) |
| Nombramientos Ejecutivos | Mayoría calificada (8 de 11 consejeros) | Designación directa de la presidencia |
| Órgano de Control | Consejo General del INE | Concentración unipersonal en la presidencia |
| Contrapesos Internos | Alta supervisión colegiada | Vulneración de contrapesos advertida por la oposición |
La propuesta del PAN pretende anular esa modificación para que los nombramientos vuelvan a requerir el respaldo colegiado. Sin embargo, la iniciativa enfrenta escollos legislativos y constitucionales severos: Morena mantiene la mayoría en el Congreso de la Unión y el artículo 105 constitucional prohíbe realizar modificaciones legales fundamentales durante el proceso electoral federal 2026-2027, iniciado el 10 de septiembre de 2026.
Las acciones legales y el blindaje ante el relevo en el instituto
El PAN dio seguimiento a su denuncia ante la FGR por seis presuntos delitos federales y exigió un relevo transparente en la presidencia del INE al margen de cuotas partidistas.
Paralelamente al debate legislativo, la salida de Taddei no exime a los involucrados de las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, conflictos de interés y contrataciones irregulares. La denuncia interpuesta el pasado 27 de octubre ante la FGR tipifica seis delitos federales específicos:
- Uso ilícito de atribuciones y funciones.
- Ejercicio abusivo de funciones.
- Cohecho.
- Peculado.
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Asociación delictuosa.
Por su parte, Lorenzo Córdova rechazó los señalamientos emitidos el 30 de octubre por Claudia Sheinbaum respecto a contrataciones con empresas proveedoras de materiales electorales. El exconsejero presidente sostuvo que su gestión fue fiscalizada permanentemente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sin registrar anomalías graves, y reiteró que fue la reforma de 2024 la que fracturó los contrapesos internos del organismo autónomo.
Ante el proceso de relevo, el liderazgo panista advirtió que la Cámara de Diputados debe garantizar una selección transparente e independiente de cualquier afinidad partidista, blindando al organismo de cara a los comicios intermedios de 2027.
