El Partido Acción Nacional (PAN) iniciará movilizaciones en Chihuahua este fin de semana para respaldar a la gobernadora Maru Campos, quien enfrenta una solicitud de juicio político impulsada por diputados oficialistas tras un operativo con agentes extranjeros. El dirigente nacional, Jorge Romero, anunció que buscan la participación de la sociedad civil.
El frente legislativo que amenaza la estabilidad de Campos
Ayer, diputados oficialistas de Chihuahua presentaron ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra la gobernadora Maru Campos. Esta acción se fundamenta en un operativo que, según los promotores de la petición, involucró la participación de agentes extranjeros. La medida escaló la tensión política en el estado y generó una respuesta inmediata de la dirigencia nacional panista.
La presentación de esta solicitud marca un punto de inflexión en la administración estatal, al poner en el centro del debate la legalidad y las implicaciones de operativos de seguridad con componentes internacionales. La reacción del partido gobernante de Chihuahua evidencia una división profunda en el ámbito político local, que ahora se extiende al congreso federal.
La estrategia de movilización que resguarda a la gobernadora
Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, anunció el inicio de movilizaciones en Chihuahua a partir de este fin de semana. El objetivo principal es demostrar el amplio respaldo que la gobernadora Maru Campos posee en el estado. Romero enfatizó que, si bien la convocatoria es partidista, se buscará invitar a la sociedad civil para ampliar el alcance y la legitimidad del movimiento.
El líder panista declaró la intención de llevar a cabo «todas las acciones que tengan que hacerse», anticipando un «evento muy importante» en Chihuahua este fin de semana. Además, advirtió que no se «regalarán detalles» a quienes buscan «que las cosas sean distintas», subrayando la determinación del partido de exhibir el nivel de apoyo a su gobernadora. Romero afirmó que la movilización será visiblemente de la sociedad civil, no exclusivamente partidista, en un intento por legitimar el respaldo popular. Ante la continuidad de lo que calificó como «irracionalidades», Romero afirmó la disposición del PAN de salir a las calles, «gastar la suela» y «clausurar las instancias simbólicamente que tengamos que clausurar», haciendo referencia a la resistencia civil pacífica en defensa de la gobernadora.
La defensa legal: inmunidad y cuestionamientos a la autonomía
Romero destacó la inmunidad procesal de la gobernadora Maru Campos, señalando que, mientras no se agoten todas las instancias del desafuero, nadie puede «molestarla» a ella ni a ningún otro gobernador, sin importar su afiliación partidista. Esta postura subraya la protección legal inherente al cargo y la necesidad de seguir procesos constitucionales estrictos antes de cualquier intento de remoción.
Respecto a la solicitud de juicio político, Romero indicó que «jurídicamente no nos preocupamos en lo más mínimo». Explicó que la Cámara Baja no puede resolver dicha solicitud en el actual periodo extraordinario de sesiones, ya que la Comisión Permanente no incluyó la instalación de una subcomisión de examen previo necesaria para tramitar este tipo de peticiones. El dirigente nacional del PAN expresó su confianza en que se respetará «el último resquicio que existe de legalidad en México», al mismo tiempo que criticó la «autonomía» de la fiscalía, sugiriendo que esta es ejercida de manera selectiva, «para lo que les conviene». Este argumento cuestiona la imparcialidad de las instituciones y la posible politización de los procesos judiciales.
