Colectivos ciudadanos señalan al gobierno de Alejandro Armenta Mier por el uso sistemático de grupos de choque, criminalización de activistas y falta de transparencia presupuestaria en el proyecto de transporte por cable.
El quiebre en la protesta social poblana
La administración de Alejandro Armenta Mier enfrenta acusaciones por emplear tácticas de contención contra movimientos sociales que rechazan la construcción del sistema de Cablebús.
Los activistas, que iniciaron su movilización dominical desde el Arco de Loreto —punto donde el pasado 15 de julio se registraron agresiones contra periodistas y manifestantes—, sostienen que el gobierno estatal ha transitado hacia esquemas de persecución directa. Según las organizaciones, este escenario de vulnerabilidad para los disidentes se caracteriza por:
- Uso de grupos de choque: Despliegue de individuos ajenos a la fuerza pública que operan con impunidad en protestas y sedes judiciales.
- Criminalización de liderazgos: Campañas de desprestigio ejecutadas en medios de comunicación y redes sociales contra defensores del territorio y el agua.
- Colusión institucional: Señalamientos sobre la inacción de elementos policiales y personal de derechos humanos frente a incidentes violentos.
Incidencias en el Centro Federal de Justicia Penal
El despliegue de presuntos grupos de choque fue documentado durante la comparecencia de defensores del agua en Xoxtla.
El pasado 22 de julio, un grupo compuesto por más de 60 personas se manifestó en las inmediaciones del recinto judicial para amedrentar a Renato Romero y Pascual Bermúdez. Los testimonios recabados por los colectivos indican que:
- Logística estatal: Parte de los agresores fueron trasladados y escoltados por una patrulla oficial de la policía estatal.
- Modus operandi: Los sujetos descendieron de unidades oficiales para bloquear el acceso al edificio y lanzar amenazas contra los activistas.
- Hostigamiento activo: La presencia coordinada buscó intimidar a los defensores en un entorno institucional, elevando el riesgo de una confrontación física directa.
Vulnerabilidad y opacidad en el proyecto Cablebús
El proyecto de movilidad enfrenta una erosión de legitimidad ante la falta de justificación técnica y el alto costo proyectado para el erario.
A siete meses del inicio de la obra, los opositores sostienen que el gobierno estatal ha mantenido una política de hermetismo sobre los términos reales de la inversión. Los puntos críticos de esta controversia incluyen:
- Presupuesto desproporcionado: La inversión asciende a casi 7 mil millones de pesos, una cifra que los colectivos consideran injustificada ante los impactos sociales y ambientales.
- Alcance limitado: El sistema proyecta movilizar a menos del 2% de los usuarios totales del transporte público en la ciudad de Puebla.
- Descalificación pública: La administración estatal emplea conferencias de prensa matutinas y estrategias con influencers para desacreditar a ambientalistas y organizaciones civiles.
La retórica oficial de un «gobierno de izquierda y ambientalista» es cuestionada por los colectivos, quienes califican a la gestión de Armenta Mier como una administración sorda ante las demandas ciudadanas. El conflicto escala ante la persistente negativa gubernamental de abrir mesas de diálogo transparentes sobre el impacto de la infraestructura en el territorio poblano.
