Más de cien organizaciones de México, Estados Unidos y Canadá exigen redirigir los fondos millonarios destinados a la Copa del Mundo de Futbol hacia la atención de la emergencia de violencia y derechos humanos en territorio mexicano, condicionando la firma del T-MEC al bienestar de la población.
El reclamo internacional por la asignación de recursos públicos
Colectivos y organizaciones civiles internacionales manifestaron un profundo extrañamiento ante el gobierno mexicano por priorizar el financiamiento de un espectáculo deportivo en lugar de resolver las problemáticas sociales urgentes. A través de una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, las agrupaciones afiliadas al Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia, la Asamblea de Incidencia por los Derechos Humanos en el T-MEC, Global Exchange, Amnistía Internacional y Greenpeace México reprobaron que se canalicen presupuestos históricos y personal de seguridad hacia las ciudades sede (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) sin tomar en cuenta las prioridades de la sociedad mexicana.
La crítica central radica en el contraste entre el gasto gubernamental y las carencias del país.
- Inversión en infraestructura: Se han anunciado hasta 2 mil millones de pesos para movilidad en las tres sedes urbanas.
- Despliegue de seguridad: Movilización de 100 mil agentes de seguridad pública para resguardar el evento.
- Fondos estatales: Inversiones millonarias adicionales por parte de los gobiernos locales para asegurar el desarrollo del torneo.
Ignorar las problemáticas internas para financiar un show de entretenimiento deportivo profundiza el panorama trágico que afecta a millones de habitantes en la región.
Agenda de emergencias humanitarias y de seguridad sin resolver
El documento enviado al Ejecutivo federal detalla una lista de deudas pendientes en materia de derechos humanos que requieren atención prioritaria e inmediata. La crisis de desapariciones encabeza las demandas, acumulando un registro oficial que ya supera las 133 mil víctimas directas, sumado a la falta de garantías de seguridad para las mujeres buscadoras, quienes realizan labores de localización bajo constantes amenazas, riesgos y dinámicas de violencia.
La gestión migratoria constituye otro eje de reclamo urgente para el bloque de organizaciones de Norteamérica.
Es indispensable detener las redadas inhumanas y criminales operadas por el Instituto Nacional de Migración en territorio mexicano, así como exigir el cese de abusos a la Agencia de Control de Inmigración (ICE) en Estados Unidos.
El plan de acción propuesto exige proteger y asegurar la inclusión integral de los ciudadanos retornados. Entre 2025 y marzo de 2026, las estadísticas registran más de 190 mil personas deportadas de origen mexicano y cerca de 13 mil individuos de otras nacionalidades deportados hacia México, con estimaciones proyectadas que alcanzan hasta las 20 mil personas en este último rubro.
La postura frente al T-MEC y las exigencias de justicia ambiental
El posicionamiento civil fija una postura estricta respecto a la renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Las organizaciones determinaron que el acuerdo comercial no debe estructurarse para beneficiar a sectores corporativos o billonarios, sino que debe colocar en el centro a la clase trabajadora, la protección de la naturaleza, el desarrollo agrícola y los derechos humanos; bajo la premisa de que si no se garantizan estos componentes, es preferible no firmar el tratado.
El desplazamiento forzado interno demanda acciones institucionales urgentes, citando de forma específica la situación de las comunidades indígenas de Chilapa, Guerrero, donde al menos 2 mil personas permanecen desterradas de sus lugares de origen.
El panorama de riesgo para defensores ambientales
La carta exige transitar hacia una política de Estado que anteponga el equilibrio ecológico a los proyectos extractivistas en ecosistemas marinos y terrestres. Actualmente, modelos de desarrollo corporativo impactan zonas vulnerables como la Selva Maya y los océanos, priorizando los rendimientos económicos sobre la conservación de la vida. Durante el año 2025, la violencia contra los activistas ambientales se tradujo en cifras alarmantes:
- Homicidios registrados: Diez defensores del medio ambiente fueron asesinados.
- Agresiones directas: Un total de 314 ataques documentados, incluyendo campañas de difamación, estigmatización, actos de intimidación y amenazas directas.
Convocatoria a un diálogo estructural con la sociedad civil
El bloque de firmantes —compuesto por sindicatos independientes, organizaciones de derechos humanos, colectivos de migrantes, campesinos y agricultores de México y Estados Unidos— convocó formalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum a instalar una mesa de diálogo directo. El objetivo es asumir compromisos verificables que aseguren la justicia social, ambiental y el respeto a los derechos humanos fundamentales de toda la población.
Históricamente, estos movimientos han denunciado el racismo, la desigualdad socioeconómica, el colonialismo y el machismo como los factores estructurales que originan la pobreza, la explotación laboral, la violencia armada, las desapariciones, el desplazamiento forzado y los flujos migratorios masivos que impactan con mayor severidad a mujeres, juventudes, poblaciones afrodescendientes y pueblos originarios. La apertura de este espacio busca plantear soluciones viables basadas en la paz, la equidad de género y la movilidad humana, con el fin último de integrar una agenda de paz vinculada directamente al marco del T-MEC.
