Agencias
CANCÚN.- Al menos dos escuelas privadas militarizadas operan actualmente en Quintana Roo, a pesar de que no están permitidas como modalidad educativa prevista en la Constitución y la Ley General de Educación.
Lo anterior lo reveló la asociación Padres Aliados de la Educación de Quintana Roo, organización que consideró positiva la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de revisar estas escuelas que ofrecen servicios bajo denominaciones o modalidades “militarizada”, “militar”, “castrense” o similares, con el fin de evitar que este tipo de instituciones continúen operando fuera del marco educativo nacional.
La medida se produce tras la muerte de una menor durante un curso de verano en una academia militarizada en Tamaulipas, un caso que ha suscitado preocupaciones sobre la supervisión de estas instituciones educativas.
Te puede interesar: SEP prohíbe el funcionamiento de escuelas militarizadas en el territorio nacional
Entrevistado al respecto vía telefónica, Héctor Santín Gómez, representante de esta asociación, detalló que las dos escuelas privadas militarizadas (de las que tiene conocimiento esta organización) operan en Chetumal.
«Una es de nivel básico y la segunda, de media superior», abundó.
Aunque subrayó que esta asociación no ha recibido quejas contra ninguno de estos planteles militarizados, destacó que es importante que las autoridades revisen el estatus jurídico de todas las escuelas de esta modalidad que hay en Quintana Roo.
Sostuvo que es sabido que muchas instituciones que operan con la modalidad «militarizada» ofrecen sus servicios sin permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
En ese sentido, Santín Gómez indicó que tiene conocimiento que la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) ya le está dando seguimiento a esta instrucción federal, por lo que se espera que en breve se dé a conocer el resultado de esta revisión.
Finalmente, el entrevistado agregó que las escuelas militarizadas representan un universo reducido dentro del sistema educativo nacional, por lo que consideró necesario que cualquier política de supervisión tenga como eje la seguridad de los estudiantes y el cumplimiento de la normatividad.
La instrucción de revisar estos planteles la anunció la semana pasada el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, luego de la muerte de la estudiante Dafne Zapata Quintos Martínez, ocurrida durante un campamento organizado por una academia militarizada privada.
De acuerdo con la SEP, la educación militar corresponde exclusivamente a las instituciones formadoras de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional (GN), por lo que ordenó a las autoridades locales realizar una revisión exhaustiva de los planteles que operen bajo este tipo de modalidades y, en caso de detectar instituciones que se ostenten como “militares” o “militarizadas”, proceder a la suspensión de actividades e iniciar los procedimientos administrativos para su clausura definitiva.
Para ello, instruyó que las escuelas entreguen inmediatamente toda la documentación académica de sus alumnos, incluidos certificados parciales o totales de estudios y cualquier otro documento necesario con el objeto de garantizar la continuidad de sus trayectorias educativas en otros planteles.
Además, estableció que los centros educativos deberán devolver los recursos pagados por las familias por conceptos como reinscripciones, uniformes, útiles escolares u otros servicios que no hayan sido prestados.
Para la SEP, dicha decisión responde a los principios de la Nueva Escuela Mexicana, modelo educativo que —aseguró— coloca en el centro el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, así como el respeto a los derechos humanos y la construcción de una cultura de paz.
SIM
