Redacción
CIUDAD DE MÉXICO. La Operación Enjambre suma 111 funcionarios públicos detenidos por su presunta vinculación con actividades delictivas durante el actual gobierno federal, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Durante la conferencia matutina, el funcionario explicó que el operativo, que comenzó en el Estado de México para combatir redes de protección institucional y corrupción, se ha extendido a otras entidades del país y ha permitido detener a servidores públicos presuntamente relacionados con estructuras criminales.
Harfuch señaló que entre los detenidos se encuentran presidentes municipales de distintos estados, además de otros funcionarios que presuntamente habrían facilitado o protegido actividades de organizaciones delictivas.
Como parte de los casos más recientes, mencionó las detenciones del presidente municipal de Esperanza, Puebla, Isaac Rodríguez Ochoa, de Morena; Abigail Contreras Camacho, quien hasta el 1 de septiembre se desempeñó como directora de Seguridad Pública municipal, y Manuel Rodríguez Ochoa, hermano del alcalde.
También fue detenido Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, Puebla, de Movimiento Ciudadano. De acuerdo con Harfuch, ambos alcaldes contaban con órdenes de aprehensión vigentes.
El secretario señaló que las investigaciones relacionan a los funcionarios de Esperanza con una estructura identificada como Los Zúñiga, señalada por actividades como robo de transporte de carga, robo de vehículos, asaltos, extorsión y secuestro en el corredor carretero México-Puebla-Veracruz.
En el caso de Tepeyahualco, Godos Luna fue señalado por su presunta relación con delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.
Harfuch sostuvo que las detenciones forman parte de la estrategia para desarticular no solamente a las organizaciones criminales, sino también las posibles redes de protección institucional que les permiten operar.
El funcionario afirmó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener una política de “cero tolerancia” a la corrupción y “cero impunidad”, sin importar el cargo o afiliación política de las personas investigadas.
Las investigaciones de la Operación Enjambre continúan, de acuerdo con el secretario, con el objetivo de identificar y detener a otros integrantes de las estructuras criminales y sus posibles redes de protección.
