Este martes, el Senado aprobó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, con 75 votos a favor y 37 en contra. Esta legislación propone digitalizar trámites y centralizar datos personales y biométricos a través de la Llave MX.
Voces de alarma: riesgos latentes
Aunque la ley busca simplificar la administración, expertos y legisladores advierten sobre serios riesgos. Preocupan la ciberseguridad, las filtraciones de datos y un posible uso indebido de la información por parte del gobierno. Esto genera inquietud sobre la privacidad y autonomía ciudadana.
Gonzalo Rojon, director y socio principal de la consultora The CIU, señaló que si bien una identidad digital moderna es positiva, el problema reside en el contexto de México, donde “no contamos con un marco legal claro, instituciones sólidas y medidas estrictas de protección digital”.
La CURP como identidad centralizada
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea transformar la Clave Única de Registro de Población (CURP). La idea es que se convierta en un documento que concentre datos personales, fotografías y datos biométricos como huellas dactilares o escaneo de iris. Este documento sería la identificación oficial para toda la población y obligatorio para realizar trámites, nutriendo una Plataforma Única de Identidad. Se prevé que esta plataforma podría estar a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
Alma Carolina Viggiano Austria, senadora por el PRI, explicó que esta ley “concentra facultades de regularización y de ejecución en una sola dependencia, la ATDT”. Calificó la desaparición de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y su reemplazo por esta agencia como “una acción centralista, porque además esta dependencia será quien emita los lineamientos para cada trámite y se califica a sí misma”.
El temido “expediente ciudadano”
La plataforma única se conectará con los sistemas informáticos de cualquier institución pública que posea datos identitarios. La iniciativa también contempla usar la información de la CURP para búsquedas en tiempo real, generar alertas de búsqueda de personas y para labores de seguridad.
La senadora priista advirtió que “el aspecto más negativo, el más tóxico de la Ley, es la creación de un expediente ciudadano que concentra la CURP digital, y los datos personales y biométricos de todos los ciudadanos”. Añadió que “en dicho expediente se van a registrar todos y cada uno de los trámites de las personas, lo cual va a generar un riesgo de filtraciones y robo de datos ante un gobierno que no es capaz de cuidar los datos del propio gobierno”.
El fantasma del PANAUT revive
A la propuesta de recopilar datos biométricos se suma una iniciativa en la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR). Esta reforma busca reactivar el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT). Según el texto, sus “implicaciones prácticas y sus efectos sobre el mercado de telecomunicaciones son alarmantes”.
Impacto operativo y económico
Gonzalo Rojon detalló que la propuesta “obligaría a todos los operadores móviles -tradicionales y virtuales- a recopilar y almacenar datos personales de sus usuarios y compartirlos con las instituciones de seguridad”. Esto implicaría un “impacto operativo enorme”, requiriendo que las empresas implementen “sistemas robustos de verificación”.
Las compañías también deberán garantizar el almacenamiento seguro de datos sensibles y modificar los procesos de activación de líneas móviles. Esto exigirá una “inversión significativa en tecnología, personal y cumplimiento normativo”. Rojon prevé que esto se traducirá en “mayores costos para los operadores y, eventualmente, para los usuarios”.
La debilidad del gobierno ante la ciberseguridad
Más allá de los costos económicos, “preocupa la afectación a la privacidad”, según Rojon. El almacenamiento centralizado “plantea riesgos evidentes porque el gobierno tendría más datos que podrían estar expuestos, dado que las inversiones de TIC y ciberseguridad de esta administración han crecido muy poco”.
Un estudio de The Social Intelligence Unit indica que entre 2019 y 2023, el presupuesto público para servicios TIC creció a una tasa real de 3%. Sin embargo, el número de e-Ciudadanos que interactuaron electrónicamente con el gobierno aumentó 54.8%.
Víctor Ruiz, CEO de la empresa de ciberseguridad SIlikn, explicó que “el gobierno ha evidenciado su incapacidad para resguardar los datos personales”. Alertó que “las secuelas de comprometer datos biométricos pueden ser irreparables, ya que sustituirlos es prácticamente imposible”. A esto se suman los “peligros del uso indebido de esa información por parte de las autoridades”.
La centralización de datos y la recolección de información biométrica, bajo un marco legal y tecnológico cuestionado, plantea un desafío crítico a la privacidad y seguridad de cada ciudadano.
