Alejandro Peza/CARIBE PENNSULAR
CHETUMAL.-Los diputados locales Saulo Aguilar Bernes y José María Chacón manifestaron públicamente su rechazo a la iniciativa que propone regular y sancionar la difusión de imágenes de servidores públicos entregando apoyos sociales a personas de escasos recursos o en situación vulnerable, al considerar que esta medida limitaría la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
La propuesta, impulsada por la diputada María José Osorio Rosas, busca establecer restricciones para evitar que funcionarios públicos utilicen fotografías o videos de la entrega de apoyos sociales con fines de promoción personal o política. Sin embargo, algunos legisladores señalaron que la iniciativa podría tener efectos contraproducentes al impedir que la ciudadanía conozca cómo y en qué se aplican los recursos destinados a la gestión social.
En conferencia de prensa, el diputado Saulo Aguilar Bernes explicó que los legisladores reciben una partida mensual de 40 mil pesos destinada a labores de gestión social, recursos que, aseguró, deben ser comprobados y transparentados públicamente.
El legislador sostuvo que publicar fotografías de la entrega de apoyos no necesariamente constituye propaganda política, sino una forma de documentar el destino de los recursos y demostrar que efectivamente llegaron a las personas beneficiadas.
Saulo Aguilar insistió en que eliminar la posibilidad de difundir estas acciones abriría la puerta a cuestionamientos sobre el manejo del dinero público, pues la ciudadanía perdería mecanismos visibles para verificar el trabajo de representación y apoyo comunitario que realizan los diputados.
Por su parte, el diputado José María Chacón Chable señaló que este tipo de publicaciones también funcionan como un canal de información para otros ciudadanos que atraviesan situaciones similares y buscan algún tipo de respaldo institucional.
Indicó que muchas personas conocen programas de apoyo, ayudas médicas, gestiones o entrega de insumos precisamente a través de publicaciones en redes sociales o medios digitales, por lo que restringirlas limitaría el alcance informativo hacia sectores vulnerables.
Ambos legisladores coincidieron en que la legislación electoral vigente ya contempla mecanismos suficientes para sancionar el uso indebido de recursos públicos con fines proselitistas, por lo que consideraron innecesario crear nuevas restricciones que, desde su perspectiva, podrían interpretarse como un intento de limitar la comunicación pública de las acciones gubernamentales y legislativas.
Los diputados señalaron que el verdadero problema no radica en la publicación de imágenes, sino en el uso indebido de programas sociales durante procesos electorales, situación que afirmaron ya está regulada por las autoridades electorales.
El debate en torno a esta iniciativa ha generado posiciones encontradas dentro del Congreso del Estado, pues mientras algunos diputados consideran que se debe proteger la dignidad y privacidad de las personas en situación vulnerable, otros sostienen que la difusión de estas acciones forma parte de la obligación de transparentar el ejercicio del recurso público y mantener informada a la ciudadanía.
