El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se mantiene prófugo de la justicia, enfrentando un nuevo revés legal. Una jueza de distrito ha negado la suspensión definitiva que buscaba contra posibles órdenes de arresto recientes, intensificando la presión sobre su situación.
La incesante batalla legal del exgobernador Aureoles
La orden de aprehensión que pesa sobre Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán y actualmente prófugo, sigue vigente. Esta decisión judicial es crucial, ya que se refiere a actos reclamados en una demanda de amparo diferente a los cargos previos que enfrenta por asociación delictuosa, peculado y lavado de dinero. Los delitos imputados ascienden a un monto estimado de 3 mil 412 millones de pesos, supuestamente desviados para la construcción de siete cuarteles en la entidad.
Cronología de amparos y audiencias fallidas
La situación legal de Aureoles Conejo ha sido un constante ir y venir en los tribunales. El pasado 18 de agosto, Jovita Vargas Alarcón, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, le había concedido una suspensión provisional, imponiendo una garantía de 100 mil pesos para que la medida cautelar surtiera efectos. Cabe destacar que la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso una denuncia contra la jueza Vargas Alarcón por presunta obstrucción de la justicia a raíz de esta concesión.
Sin embargo, los intentos por eludir la justicia no han cesado. El 20 de agosto, Aureoles Conejo y uno de sus excolaboradores no asistieron a la audiencia crucial donde la FGR les imputaría dichos cargos. Aunque sus abogados se presentaron ante la jueza del Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, el exgobernador no lo hizo. La impartidora de justicia ha recordado que, de febrero a la fecha, Aureoles Conejo ha solicitado tres amparos contra órdenes de arresto. De estos, solo la suspensión otorgada la semana pasada permanecía, pero ese recurso no guardaba relación con el mandamiento por el cual se ordenó su detención original.
El desvío multimillonario: Un esquema para cuarteles policíacos
El trasfondo de las acusaciones es un esquema de presunto desvío de recursos que supera los 3.4 mil millones de pesos. En marzo pasado, cuatro excolaboradores del exgobernador fueron vinculados a proceso en una audiencia inicial. En aquella ocasión, el Ministerio Público Federal los acusó, junto con Aureoles, de llevar a cabo una operación irregular. Esta operación consistía en el arrendamiento y posterior compra de inmuebles destinados a la instalación de siete cuarteles policíacos en diversas localidades michoacanas: Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
La negación de la suspensión definitiva marca un capítulo más en la compleja persecución judicial de Silvano Aureoles, quien permanece como una figura política en la mira de la justicia federal. Su futuro legal, mientras tanto, sigue incierto y ligado a la persistencia de las autoridades para llevarlo ante los tribunales.
