La diputada Laura Ballesteros demanda la dimisión de la titular de la CNDH tras la emisión de una recomendación que exonera al Ejército mexicano por la desaparición de los 43 normalistas, calificando su gestión de negligente y cómplice.
La fractura institucional por la recomendación 208
La actuación de la presidencia de la CNDH es señalada como un acto de abuso contra las víctimas y una vulneración directa de los derechos humanos en el territorio nacional.
La diputada Laura Ballesteros, representante de la bancada de Movimiento Ciudadano, sostiene que la permanencia de Rosario Piedra Ibarra al frente del organismo resulta insostenible debido a los siguientes factores:
- Exoneración militar: La recomendación 208 exculpa al Ejército mexicano de su participación en los hechos ocurridos en Ayotzinapa, contraviniendo el mandato constitucional de la comisión.
- Conflicto de interés: Se señala a la ombudsperson como una figura vinculada a intereses partidistas que comprometen la autonomía del organismo autónomo.
- Desatención a víctimas: La postura de la CNDH es calificada como un abandono de la misión fundacional frente a la ciudadanía afectada.
Presión por el juicio político pendiente
El bloque legislativo de Movimiento Ciudadano mantiene la ruta jurídica para sancionar la gestión de la titular de la CNDH ante la inacción del Congreso.
La exigencia de una salida inmediata e irrevocable se complementa con una estrategia de fiscalización parlamentaria. La diputada Ballesteros advirtió que la renuncia no exime a Piedra Ibarra de enfrentar un proceso de rendición de cuentas, estableciendo las siguientes coordenadas sobre el estancamiento del proceso:
- Contador de omisión: La bancada emecista ha activado un registro público que contabiliza el tiempo de inacción del Poder Legislativo frente a la solicitud de juicio político.
- Lapso transcurrido: Han transcurrido 82 días desde la presentación formal de la petición por parte de familiares de personas desaparecidas y colectivos de víctimas.
- Parálisis legislativa: La Cámara de Diputados mantiene sin instalar el subcomité técnico encargado de evaluar la viabilidad del proceso, impidiendo que el tema sea sometido a votación en el pleno.
