La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum reafirma que cualquier acción contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, debe basarse estrictamente en pruebas bajo las leyes mexicanas, rechazando presiones externas como una injerencia en la soberanía nacional.
La presidencia defiende la legitimidad del voto popular
La presidenta Claudia Sheinbaum ha articulado una postura firme en defensa de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia. Su argumento central es que la soberanía nacional exige que cualquier acusación o solicitud de extradición se sustente en pruebas concretas, validadas por el marco legal mexicano. Esta defensa se fundamenta en la elección popular de Rocha por el pueblo sinaloense, lo que confiere un mandato que, según la presidenta, no puede ser anulado por dictámenes externos. La mandataria señaló una posible intención de Estados Unidos de influir en la gobernanza interna del país, aludiendo a la búsqueda de determinar, desde el exterior, quién puede o no ocupar un cargo electo.
En este contexto, la jefa del Ejecutivo Mexicano ha sido insistente: «Tiene que haber pruebas con base en las leyes mexicanas, porque de otra manera se determina afuera, más cuando se trata de personas electas por su pueblo, si se queda gobernando uno o no». Esta declaración subraya la importancia de un proceso judicial interno y la protección de la autonomía de decisión de México frente a influencias foráneas.
Proceso legal y la postura de la Fiscalía General de la República
La insistencia de la presidenta en la ausencia de pruebas es la razón esgrimida por su administración para no actuar ante la petición de Estados Unidos de detener provisionalmente a Rocha Moya con fines de extradición, pese a los señalamientos de nexos con el crimen organizado. Sheinbaum reiteró que «actuar cuando hay pruebas, pero si no hay pruebas no se puede actuar porque si no es a dichos de afuera y de quién son los dichos de afuera además».
Cuando llegó la solicitud estadounidense para detener a Rocha, así como al senador morenista Enrique Inzunza y a otros exfuncionarios —dos de los cuales se entregaron a instituciones de Estados Unidos—, la presidenta consultó a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la existencia de pruebas suficientes. La FGR, a pesar de mantener investigaciones previas relacionadas con el asesinato de Héctor Melesio Cuén y la violencia en las elecciones de Sinaloa de 2021 (casos que implicaban a Rocha Moya, quien nunca fue citado a declarar), respondió que no había fundamentos suficientes en ese momento.
No fue sino cinco años después de los incidentes originales, y tras la información hecha pública por Estados Unidos, que la FGR citó a Rubén Rocha. Sin embargo, esta citación se produjo específicamente por la investigación vinculada al país vecino. La presidenta enfatizó que «también es un tema de soberanía, la fiscalía tiene que hacer sus investigaciones y determinar», reforzando la idea de que la acción de la FGR debe ser autónoma y basada en el derecho mexicano.
Desmontando campañas y la verdad pública
La presidenta también abordó lo que calificó como una «ultra campaña» en redes sociales, vinculándola con esfuerzos externos y actores internos para generar una percepción distorsionada de la realidad mexicana. Sheinbaum describió estas campañas como «parte de las campañas que ha habido con el gobierno de México… contra México y contra su pueblo de campañas del exterior vinculadas con gente aquí adentro que quieren generar, a través de las mentiras, una percepción que no es real».
Asimismo, defendió el derecho del pueblo de México a acceder a la verdad, criticando la difusión constante de lo que consideró propaganda política. Señaló que «se ha querido decir que se quiere ocultar lo que está pasando en Sinaloa, el exceso es el narcogobierno de Morena y no sé qué tanta cosa y se quiere cubrir, no». La mandataria vinculó el uso de estas narrativas a intereses políticos, sugiriendo que «hay quienes quieran usar esto para las elecciones en noviembre en Estados Unidos y en las de México en 2027».
Reafirmación de la soberanía nacional ante injerencias
La postura presidencial es inequívoca: «Es un asunto del exterior y queremos fortalecer el estado de derecho», insistiendo en que las acciones deben basarse en pruebas y no en «dichos». Argumentó que, de lo contrario, «se vuelve todo un asunto de dichos y no de pruebas». La mandataria mexicana fue enfática al señalar que, tanto en el caso de Sinaloa como en el de Chihuahua, el principio de soberanía nacional adquiere una relevancia fundamental.
En un mensaje directo sobre la autonomía del país, Sheinbaum concluyó su defensa con la frase: «Lo hemos dicho muchas veces: nosotros no somos piñata de nadie, cada quien a sus asuntos», subrayando la determinación de México para gestionar sus asuntos internos sin injerencias externas, especialmente en casos que involucran a funcionarios electos por la voluntad popular.
