La Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática a Estados Unidos cuestionando la ausencia de pruebas en las acusaciones contra Rubén Rocha Moya. El Gobierno Federal sostiene que sin evidencias contundentes los señalamientos son injerencismo, por lo que demanda sustento jurídico para proceder con detenciones provisionales.
El conflicto diplomático por la falta de sustento jurídico
La administración federal confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) formalizó una postura ante el gobierno estadounidense. El eje central de la misiva radica en que la documentación recibida para sustentar solicitudes de detención provisional con fines de extradición carece de validez probatoria. Estas solicitudes involucran a 10 personas, destacando figuras de la política sinaloense:
- Rubén Rocha: Gobernador con licencia.
- Juan de Dios Gámez: Alcalde con licencia de Culiacán.
- Enrique Inzunza: Senador con licencia (quien declinó reincorporarse a la Comisión Permanente).
La narrativa oficial enfatiza que lo entregado por las autoridades extranjeras se limita a testimonios aislados plasmados en papel. Bajo esta óptica, si las afirmaciones no se respaldan con hechos verificables, el proceso se cataloga como una intromisión en los asuntos internos del país.
Defensa de la soberanía y el marco legal vigente
La protección de la soberanía nacional se posiciona como un principio innegociable y la prioridad máxima en la relación bilateral. El cumplimiento de la Ley y la Constitución impide estrictamente la operación de agentes extranjeros en territorio mexicano, una postura que refuerza la autonomía del Estado.
La soberanía implica la defensa integral del territorio, la ciudadanía y la patria. No existe espacio para negociaciones que vulneren este mandato constitucional.
El rechazo a la justicia mediática y el legado histórico
Existe una crítica directa hacia la formación de juicios anticipados en la opinión pública respecto al caso de Rocha Moya. La postura institucional rechaza que actores externos pretendan dictar las formas de gobierno o los procesos legales internos sin el debido proceso.
En este contexto de tensión diplomática, se recurre a la doctrina juarista como guía fundamental. La premisa es clara: la soberanía prevalece ante cualquier dificultad externa, reafirmando que México mantiene la facultad exclusiva de calificar la veracidad de los señalamientos que involucren a sus funcionarios dentro de su jurisdicción.
