La gobernadora de Chihuahua canceló su asistencia al Senado de la República, donde debía explicar la presencia de agentes de la CIA en operativos estatales. Argumentando que existe una investigación en curso sobre el desmantelamiento de narcolaboratorios y el deceso de cuatro elementos, la mandataria evitó profundizar en los detalles.
Hermetismo gubernamental frente a la soberanía nacional
La administración estatal de Chihuahua, a través de su aparato de Comunicación Social, desmintió la asistencia de Maru Campos Galván al recinto parlamentario programada para este martes 28 de abril a las 11:00 horas. Pese a que el Senado había adelantado una confirmación previa, la titular del ejecutivo estatal optó por permanecer en la entidad, presentándose en el Palacio de Gobierno ante medios de comunicación para reafirmar su postura de combate a la delincuencia sin abordar los cuestionamientos legislativos.
Esta decisión profundiza la brecha entre el gobierno estatal y el Poder Legislativo Federal. El núcleo del conflicto radica en la participación de agencias extranjeras en tareas de seguridad interna, un hecho que ha escalado a niveles de tensión diplomática. La gobernadora sostiene que su gestión se conduce bajo el estado de derecho, aunque los mecanismos de cooperación internacional empleados en los operativos recientes permanecen sin esclarecerse ante la opinión pública.
Cronología del conflicto en el municipio de Morelos
El origen de la controversia se remonta a las acciones tácticas ejecutadas entre el 17 y el 19 de abril en la comunidad de El Pinal. Los puntos clave de este suceso incluyen:
- Objetivo táctico: Desmantelamiento y destrucción de dos laboratorios destinados a la producción de drogas sintéticas.
- Saldo de víctimas: Fallecimiento de cuatro individuos, desglosados en dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos.
- Causa oficial reportada: Un accidente vehicular durante el desarrollo de las actividades operativas.
- Irregularidad administrativa: Ausencia de notificación previa a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la intervención de personal extranjero.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado estos hechos como un asunto de seguridad nacional, subrayando que la presencia de agentes vinculados a tareas de inteligencia de Estados Unidos en territorio mexicano, sin el debido proceso de información federal, vulnera la soberanía del país.
Respuesta institucional y creación de la Unidad Especializada
Ante la presión mediática y política, el pasado viernes 24 de abril se formalizó la creación de la Unidad Especializada para la investigación de estos hechos. La estructura de esta nueva instancia busca centralizar la información derivada del incidente en Morelos, quedando bajo la responsabilidad de figuras clave del sistema de justicia estatal:
- Titular de la Unidad: Wendy Chávez, quien también desempeña el cargo de fiscal especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.
- Autoridades requeridas por el Senado: Además de la gobernadora, el citatorio federal incluía al fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno.
- Respaldo legislativo: El llamado a comparecer fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales con una mayoría contundente de 15 votos a favor y solo uno en contra.
Postura fáctica frente a la investigación abierta
Al ser abordada cerca del mediodía del lunes, Campos Galván reiteró que no abundará en el tema debido al estatus de la indagatoria. La negativa a detallar la logística detrás del operativo contra el narcotráfico en Morelos se escuda en la reserva legal que exigen las investigaciones activas. No obstante, la mandataria enfatizó que el gobierno de Chihuahua mantendrá la firmeza en el combate a los grupos criminales que operan en la región.
El vacío informativo generado por la inasistencia al Senado deja sin respuesta las interrogantes sobre quién autorizó la entrada de la CIA a los operativos locales y bajo qué marco legal operaban los agentes extranjeros junto a las fuerzas estatales. Mientras la fiscalía local procesa los hallazgos del narcolaboratorio, la tensión política entre el estado de Chihuahua y el Gobierno Federal permanece en un punto crítico por la falta de transparencia en los protocolos de seguridad binacional.
